Diario Expreso

¿Vox populi?

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Empezó todo con los muertos que votan, a quienes se sumaron los extranjero­s que hayan pernoctado alguna vez en el país. Los números fueron inflados para manipular los porcentaje­s y poder aplicar cómodament­e la fórmula que determina la elección de un presidente por minorías tan pobres como un 28 % del electorado. Se hizo gala del uso de los recursos del Estado como instrument­o del partido de Gobierno, y entretanto la Fiscalía sufrió de parálisis total frente a los actos de corrupción, pero agilidad en la búsqueda de chivos expiatorio­s.

Fueron estos los prolegómen­os de una elección que pasará a la posteridad como uno de los episodios bochornoso­s en la historia del país.

Luego del evento electoral aparecería­n en los basureros las actas y votos del candidato de la oposición; los paquetes de votos premarcado­s a favor del candidato del Gobierno; se sabría que las máquinas de escáner no leen los ceros a la derecha en los resultados de determinad­os candidatos; que los digitadore­s estarían comprados; y veríamos estupefact­os que no hay ninguna cadena de custodia.

Mientras esto ocurre, los altos mandos militares pasarían su tiempo en deliberaci­ones baladíes, reforzando la percepción que se tiene de sus actuales altos mandos como soldados de poca monta. Ocurriría que la tecnología “de punta” falló al llegar al 80 % en dos horas, para de tal for- ma poder posponer cualquier anuncio y sortear la inevitabil­idad de una segunda vuelta.

El legislativ­o, adonde se llega no para representa­r a los distritos, sino para alzar las manos en obediencia, se proyecta que estará mayoritari­amente poblado por gente que exhibe escasa o ninguna cultura política.

Los votos son de primera, segunda y tercera, por la aplicación de fórmulas perniciosa­s como la d’Hondt, que dan preferenci­a al sufragio descerebra­do. Las papeletas son impenetrab­les, las consultas hi-

En el mundo civilizado un evento electoral como el actuado sería de nulidad absoluta, y sus propiciado­res estarían en la cárcel por viola la fe pública’.

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ADRIÁN PEÑAHERRER­A / EXPRESO

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