“Hay funcionarios que han mantenido prácticas ilegales”
¿En uno de los operativos más grandes dentro de centros penitenciarios por la detección de presuntas irregularidades qué situaciones descubrieron?
La Unidad de Inteligencia Penitenciaria, por medio del monitoreo de actitudes anormales, de cierta cercanía entre familiares que no era la usual y por información de los parientes de privados de libertad, llegó a obtener información de que se estaba extorsionando a los internos.
¿Y cómo se realizaban estas extorsiones?
Un privado de libertad que formaba parte de esta banda, a través de su visita, le daba el mensaje al familiar de la persona a la que querían extorsionar para que le depositaran cierta cantidad de dinero. Y que si no lo hacían, les decían que adentro podrían intimidarlos de otra forma.
Ustedes hablaron de una funcionaria involucrada en la red...
Lastimosamente, tenemos tres funcionarios del sistema penitenciario detenidos que estaban apoyando a estas personas que ejercían presión contra los otros privados de libertad. Esto es lamentable, pero es necesario. Nosotros vamos a continuar con el proceso de autodepuración. En Turi fue la trabajadora social y en Guayas, el psicólogo y el trabajador social del centro.
Y estas personas, ¿qué roles cumplían dentro de las bandas?
Les daban ciertos privilegios a los privados de libertad que extorsionaban, es decir, los sacaban y tenían ciertas ventajas dentro de los centros con relación a los demás. A cambio, obviamente, de dinero porque encontramos dinero en sus cuentas. De hecho, uno de ellos se entregó voluntariamente en Guayas.
¿Los privados de libertad vinculados recibirán una rehabilitación diferente?
Estas personas han sido sacadas de los centros y llevadas a uno donde van a estar en un régimen de máxima seguridad para lograr erradicar definitivamente este tipo de práctica.
¿Cómo se garantiza que ellos puedan salir rehabilitados si adentro aún tienen la intención de delinquir?
El sistema penitenciario reconoce los derechos de los privados de libertad, pero también exige el cumplimiento de obligaciones y ellos están obligados a cumplir los protocolos. Aquellos que incurren en El 9 de marzo, agentes de policía y fiscales participaron en el operativo ‘Victoria’, que desarticuló redes dedicadas a la extorsión desde los Centros de Rehabilitación Social. Tres funcionarios fueron detenidos. este tipo de prácticas se someten a las sanciones correspondientes. Y lo más duro para ellos es que tienen que enfrentar un nuevo proceso que hace que sus penas sean mayores.
Si hay operativos y controles en la entrada, ¿cómo siguen ingresando objetos o celulares a las celdas?
El problema es que hay algunos funcionarios que han mantenido ciertas prácticas ilegales dentro del sistema y por eso es que se burlan y se vulneran ciertos sistemas de seguridad que tenemos en los centros.
¿Hay más funcionarios que están siendo investigados?
Sí, pero estos procesos de depuración son necesarios. Nos duele mucho cuando tenemos que separar a un funcionario, pero es imprescindible para que se mantenga el orden y el control. Entre 2016 y 2017 hemos detenido a 26 agentes de seguridad, 7 funcionarios administrativos y 2 policías. Estamos en constante monitoreo para evitar que esto se repita.