ENTIDADES
Se prevé la homologación en el funcionamiento del Cuerpo de Vigilancia Aduanera, la Comisión de Tránsito o el Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria, pero también de instituciones del nivel local como el Cuerpo de Control Municipal, los agentes de tránsito o los bomberos. el reglamento a la Ley sobre Armas, un ciudadano puede utilizar un arma previa autorización de la autoridad competente para defensa personal, uso deportivo, colección, seguridad privada, seguridad móvil y seguridad fija.
La misma norma define a las armas de fuego de uso civil a las que pueden tener o portar los ciudadanos.
La posibilidad que el Servicio de Protección Público utilice armas en ciertos casos despierta la suspicacia de asambleístas de oposición como Diego Salgado, quien considera que “el gran problema no es que se cree una fuerza civil armada, sino una fuerza política armada”.
Milton Castillo, exjuez de Garantías Penales, insiste en que, con la aprobación de Código de Seguridad, “Correa no solo demuestra miedo, sino que se quiere proteger del poder de los ciudadanos”.
Él recordó que al inicio de este Gobierno, cuando Gustavo Jalkh, actual presidente del Consejo de la Judicatura, era ministro de Gobierno emitió un acuerdo prohibiendo, radicalmente, el uso de armas en los privados.
De todas formas, el Servicio de Protección Público es un plan a largo plazo: empezará a funcionar en 10 años.
En los tres primeros años ese grupo de protección representará un gasto promedio de alrededor de $ 15’186.133 destinados a capacitación, manutención y equipamiento para el personal, según la Asamblea. Solo a partir del décimo año de existencia el gasto promedio se estabilizará en 16’461.800 dólares. La proyección económica cuenta con el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas.
En esos primeros años casi la mitad del presupuesto irá a capacitación y a partir del año tercero la otra mitad irá para remuneraciones.
Según la Comisión de Sobe- ranía, hasta la actualidad son 1.238 uniformados de la Policía y de Fuerzas Armadas los que protegen a las autoridades. El informe que se debatirá hoy se- ñala que ellos fueron entrenados para cumplir otras misiones por lo que su entrenamiento estaría siendo subutilizado.
Para la Comisión eso le representa al Estado un gasto no justificado de alrededor de 17,2 millones de dólares. Los uniformados que brindan esos servicios se capacitan dentro y fuera del país. En 2015 se cumplió el último curso de capacitación de dignatarios que efectúa el Grupo de Intervención y Rescate (GIR). El siguiente entrena-