Alianza PAIS trató, a puerta cerrada, sus diferencias sobre el Código de Seguridad
En la penúltima sesión se discutieron tres normas. Una se aprobó
Discrepancias hasta el final. Ayer, la Asamblea se instaló con una hora y 45 minutos de retraso en su sesión vespertina. El oficialismo tenía previsto aprobar el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, pese a las críticas y desacuerdos de algunos de sus propios militantes.
La bancada verde flex, como es su costumbre, se reunió antes de ir al plenario para votar ese polémico proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, en 2011.
La propuesta, que tiene cuatro libros, fue analizada por la Comisión de Relaciones Internacionales.
En el libro I está el articulado sobre la Policía Nacional; en el libro II, el Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses; en el libro III, el Servicio de Protección Pública; y en el libro IV, las Entidades Complementarias de Seguridad y Orden Público.
El libro III, que es el cuestionado por la oposición y las organizaciones sociales, crea un servicio civil de protección para las altas autoridades del Gobierno. En la actualidad, esa función la cumplen 1.238 miembros de la Policía y Fuerzas Armadas.
La Asamblea, además, recibió en comisión general a varios representantes de los cuerpos de seguridad nacional.
Una de ellos fue Yolanda Moreno, agente de seguridad penitenciaria. Ella señaló que está de acuerdo con el código porque mejorará las condiciones laborales de esos guardias.
Pero este proyecto no fue lo único que trató ayer el segundo poder del Estado en su penúltima sesión. El oficialismo aprobó el Código Administrativo con 86 votos y 29 abstenciones.
Este código regula las relaciones entre los ciudadanos y la administración pública y entra- rá en vigencia en un plazo de 12 meses después de su publicación en el Registro Oficial.
Además, el Plenario discutió el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Este sanciona a los legisladores que tengan un 40 % de inasistencias injustificadas con una multa del 60 % de la remuneración mensual. Otra sanción es la suspensión temporal e incluso la pérdida de la calidad de asambleísta.
Para el legislador Henry Llanes, de CREO, ese proyecto es inconstitucional. “No se puede sancionar con multas y suspensión definitiva la ausencia de los asambleístas. Eso no dice la Constitución”, dijo a este Diario. Hoy, la Legislatura continuará con su discusión y está prevista su aprobación.