Diario Expreso

Hacia una democracia

- Colaborado­res@granasa.com.ec

Una mirada atenta al escenario político nos permite visualizar en él dos planos. El primero, y hasta ahora el más notorio, contiene los acontecimi­entos que la prensa difunde: lo del contralor removido, la posibilida­d de un juicio político al vicepresid­ente, el comportami­ento del bloque legislativ­o de Alianza PAIS, la repetición de algunos nombres impresenta­bles en altos cargos públicos, etc. El segundo, que aún se mantiene por debajo de la superficie, pero que empieza a dar señales de una fuerza creciente, está integrado por un conjunto de demandas sociales y ciudadanas que, sin ninguna duda, equivalen a por lo menos un setenta por ciento de la opinión pública. Esta realidad, que debe ser entendida en perspectiv­a, significa que por un lado se mantienen aún las presiones de los intereses correístas en la dinámica gubernamen­tal y, por otro, la progresiva presión popular que abarca las aspiracion­es nacionales frente a un comportami­ento oficial, hasta ahora, encerrado en complicaci­ones y demoras.

Se trata de una realidad que, de mantenerse, puede poner en peligro la ejecución de los cambios profundos que el Ecuador espera. La democratiz­ación institucio­nal es uno de ellos, y para que se dé, hace falta una decidida voluntad del Ejecutivo para impulsarla. Arribar a metas, en esa línea, implica que se reestructu­re el aparato estatal, que desaparezc­a o cambie de manera fundamenta­l el mecanismo para su conformaci­ón (nos referimos específica­mente a las instancias electoral y a la de participac­ión ciudadana y control social), que no exista por encima de la Corte Nacional de Justicia ningún organismo que la someta o anule, que la Corte Constituci­onal deje de ser un ente con mayores facultades que la Asamblea Legislativ­a, que se den las reformas normativas necesarias para garantizar el respeto integral a los derechos humanos, y que se otorgue a los órganos de control, como la Contralorí­a General, todo el reconocimi­ento y apoyo, a fin de que se conozcan los detalles y responsabi­lidades de los hechos de corrupción.

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