Que nuestra palabra cuente
Desde hace muchos años, cuando se trata de hablar sobre educación, bajo el remoquete de “expertos” oímos expresarse a políticos, asambleístas, sociólogos, representantes de organizaciones no gubernamentales, en fin, a muchas gentes de distintas profesiones y oficios que, en ocasiones, no tienen idea de lo que pasa y se vive en el aula.
Por ello creemos importante que se escuche al educador, al docente, en cada ocasión en la que se hable de educación y procesos formativos. No solo somos pedagogos y por saber lo que pasa entre niños y jóvenes, podemos estar más claros acerca de lo que se necesita realizar.
Decimos todo esto porque cuando se habla de microtráfico, consumo, adicciones, surgen desde la salud, las organiza- ciones y las utopías, soluciones y recomendaciones que no siempre resultan ser válidas para llevarlas dentro de la institución educativa, que ciertamente, no está ni preparada, ni orientada profesionalmente para realizar trabajos de rehabilitación y recuperación.
Zapatero a tu zapato, decían los viejos, y por ello pensamos que la voz del educador tiene que hacerse oír, sobre todo cuando las resoluciones que se toman afectan directamente la vida de una comunidad educativa.
Por la idea de que las cárceles no se llenen de consumidores injustamente sancionados, se trasladó con fuerza inusitada a patios y pasillos de locales escolares la problemática de un consumo desbordado, con todas las complicaciones que ge- nera la dependencia.
Enfrentemos el problema porque existe, pero al mismo tiempo empoderemos y devolvamos la autoridad al profesor, al directivo institucional de escuelas y colegios, para que pueda resolver y no ser simplemente testigo o potencial acusado de complicidad o generador de delitos.
La escuela y el colegio no son ambientes de rehabilitación, esta hay que hacerla en centros especializados a los que llevar a jóvenes de aquí y de allá para atender su recuperación y tratamiento.
Escúchese la voz del profesor que sufre la amenaza y agresión del alumno consumidor y la fría indolencia del proceso y del ente policial controlador.
La escuela y el colegio no son ambientes de rehabilitación, esta hay que hacerla en centros especializados...’.