La Justicia se vuelve a poner en cuestión

Tres casos dejan en entredicho la independencia de las cortes

Los juristas consideran que la injerencia del Estado es visible

Denuncias por todas partes. En menos de cuatro días el Poder Judicial ha sufrido tres duros reveses; la suspensión de un conjuez que supuestamente falló a favor del excontralor Carlos Pólit en contra de la Comisión Nacional Anticorrupción, un grupo de exmagistrados que denunció numerosas destituciones ilegales a causa de presiones políticas, y la filtración de una serie de correos electrónicos donde se evidencian conversaciones entre miembros del Ejecutivo y protagonistas de la Función Judicial.

Podría tratarse de casos aislados, pero en conjunto parecen dejar en entredicho la independencia de la Justicia.

Vladimiro Álvarez, doctor en Jurisprudencia y exministro de Gobierno, considera que, yuxtapuestos, los casos dan validez a los rumores de presiones políticas que durante años rondaron los pasillos de la Corte Nacional.

“Lo he sostenido durante algunos años, en el régimen del expresidente Correa la administración de la Justicia como sistema, como la constitución lo establecía, y debido a los procedi- mientos de designación de jueces y magistrados, y debido a los procedimientos administrativos de juzgamiento a la acción de los jueces, estuvo sometida a los intereses del Gobierno y de sus allegados”, aseveró.

Pero no todos lo consideran tan grave. El pasado lunes, en una rueda de prensa, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, se refirió a los correos filtrados, en los que aparecen conversaciones entre este y el expresidente Rafael Correa con respecto a procesos en curso e indicó que estos no implican que se vulnere la independencia de las cortes.

“Sí intercambiábamos correspondencia con el presidente de la República, pero creo que eso no les debería sorprender, lo que les debería sorprender es que no conversen las funciones del Estado sobre temas en el ámbito de su competencia”. El funcionario también emitió respuestas para los otros casos registrados (ver recuadro).

Pero la extensión del ámbito de esta competencia preocupa a los juristas. Iván Castro, exdecano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, considera que es normal que exista un intercambio entre autoridades públicas, pero no cuando se trata de discutir la forma en la que se legisla.

“Cuando se está hablando de procesos, cuando se está instruyendo o cuando se está felicitando o condenando la actuación de los jueces, eso no es simplemente una comunicación. Eso es recibir advertencias o suge- rencias que no vienen al caso y que no deberían ser aceptadas por la Función Judicial”, afirmó.

El abogado añadió que, cuando las decisiones se toman de esta forma, sin importar las medidas de control que existen para asegurar la transparencia de la Justicia, esta quedará continuamente en tela de duda.

Una opinión que difiere con la que esbozaba el exmandatario, quien hasta octubre de 2016, en el enlace ciudadano 495, reiteraba que eran los gobiernos anteriores, sobre todo los del partido Socialcristiano, los que habían injerido en las resoluciones de las cortes. Esa impunidad, la “metida de mano” en la Justicia, dijo en su momento, era cosa del pasado.