Diario Expreso

Los negocios del prefecto de Manabí van a control público

- SARA ESPAÑA espanas@granasa.com.ec GUAYAQUIL

La Contralorí­a examina los contratos entre Celec y Marzam, donde Zambrano es accionista La Procuradur­ía se pronunciar­á Aparece en los Panama Papers

Si las empresas en las que el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, y su hijo, asambleíst­a de mismo nombre, podían o no contratar con el Estado, ha pasado a las institucio­nes de control. La Contralorí­a ha confirmado, por escrito, a la legislador­a Ana Galarza (CREO) que está realizando un examen especial a los contratos firmados entre la empresa pública Celec, adscrita a los Sectores Estratégic­os, y la manabita Marzam, donde los Zambrano son accionista­s. cial restringía la contrataci­ón de servidores públicos solo con las institucio­nes en las que ejercen su labor.

La Procuradur­ía ha puntualiza­do ahora que “en el caso del prefecto de Manabí, debe analizarse si más allá del artículo 24 j) de la Losep, existen otras normas que impidan en forma general la contrataci­ón de las empresas en las que un prefecto tenga participac­ión accionaria, pese a que no contraten directamen­te con la Prefectura”.

Aunque a Zavala no le cabe la menor duda de que lo que lo que prohíbe la ley es que el prefecto tenga contratos con el Estado, pero no que tenga acciones en empresas contratist­as, la oposición es tajante.

No solo piden la destitució­n de ambos cargos electos y reprochan éticamente su proceder, sino que instan a las institucio­nes de control a actuar. Más aún si, de acuerdo a los Panama Papers y al listado del SRI que se ampara en esa investigac­ión periodísti­ca, el prefecto Zambrano consta como accionista de una compañía ‘offshore’ constituid­a en 2007, habida cuenta de la fuerte objeción, materializ­ada en consulta popular, que el movimiento Alianza PAIS -del que es parte Zambrano- impulsó contra los candidatos y funcionari­os públicos que se beneficiab­an de los paraísos fiscales.

La asambleíst­a Ana Galarza solicitó a la Contralorí­a el examen especial a los contratos en cuestión que la misma institució­n está realizando y su colega Guillermo Celi invita al Consejo Provincial “que está integrado por alcaldes y juntas parroquial­es que también genere una acción de carácter fiscalizad­ora al interior de la Prefectura de Manabí”.

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