Augusto Espinosa no fue a Yachay, eso lo explica todo
Para el presidente de la Comisión de Educación la culpa es de los medios
En las redes sociales se la pasó el martes haciendo alharaca el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, Augusto Espinosa: que le invitaron a Yachay y no le dejaron entrar, se quejaba. Otros integrantes de esa Comisión no alcanzan a entender cómo pudo ocurrir tal cosa. Algunos tienden a no creerle. Ellos entraron sin problema y escucharon el preocupante informe del gerente de la Empresa Pública Yachay, Jorge Martínez, sobre los “resultados desastrosos” del proyecto. Ayer Martínez debía asistir a la Comisión, nomás que para enterar a Espinosa de lo que se perdió la víspera. Pero no fue. Y Espinosa sigue creyendo que Yachay es la última Coca-Cola de Urcuquí.
Quienes sí asistieron a la Comisión fueron los rectores de las universidades del país. Llevaban una lista interminable de propuestas de reformas a la Ley de Educación Superior: que están hartos del papeleo, dijeron, que no pueden estar llenando formularios diferentes cada tres días; que no pueden estar sujetos a resoluciones de los organismos de control que pretenden tener más peso que la propia ley; que un modelo de gobierno único para universidades públicas y privadas no tiene sentido; que el número de académicos con PhD que se les exige es irreal (hay poco más de mil en el país y el sistema requiere de 25 mil); que la definición de tiempo completo impuesta a los profesores es inaplicable...
Cambios y más cambios. A eso están entregadas en estos dí- as las comisiones legislativas: a reformar leyes mal hechas que dejó el correísmo y no tienen ni cinco años de vigencia. Reformas al Código de la Niñez. Reformas al Código Penal. Reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial. Reformas a la Ley de Elecciones... Todas esas leyes fueron aprobadas con alza manos y sin mediar debate propiamente dicho. Ahora hay que cambiarlo todo.
En cuanto a la educación superior, los correístas en general y Augusto Espinosa en particular se debaten entre la impostergabilidad de esos cambios y la necesidad de defender lo que consideran logros de su gobierno. Entre ellos, la joya de la corona: la universidad y la empresa pública Yachay. El martes la visitaron, junto con el presidente de la República, los integrantes de la Comisión de Educación, excepto Espinosa. Y cuando se los escucha contar lo que vieron, da la impresión de que no fueron al mismo sitio.
Lo que para Dayllana Passailaigue (PSC) fue “una visita triste, dolorosa”, que puso en evidencia la pésima gestión del proyecto, para Silvia Salgado (socialista) es algo no tan grave. “¿Mala gestión? Esos son adjeti- vos, titulares”, dijo desdeñosamente. También para Augusto Espinosa la culpa es de los medios de comunicación, que están “armando escándalo”, “privilegian los proyectos políticos e incluso personales” y “exageran lo que dicen”. No importa si “lo que dicen” es lo que consta en el informe del gerente de Yachay, Jorge Martínez: que solamente hay doce aulas y cuatro laboratorios para más de mil estudiantes; que la construcción está parada desde mayo; que cinco edificios nuevos presentan problemas estructurales; que la mitad de lo que debería ser un campus permanece desocupada; que la ejecución presupuestaria es bajísima (apenas el 20 por ciento en el primer semestre del año); que se detectó informalidades en contratos por 43 millones de dólares...
“Es el momento de la fiscalización”, dice Passailaigue. No tan rápido, defiende Espinosa: “no hay un informe que determine sobreprecios; lo que hay es una denuncia de ineficiencia”. Según él, los problemas de Yachay se reducen a uno: “falta de liquidez”.
Defender el proyecto: esa es la consigna correísta. Y mientras Yachay se cae a trozos, los rectores de las universidades exigen cambiar todo el sistema y no hay un solo oficialista en la Comisión de Educación capaz de percibir que una cosa y la otra no hacen dos problemas: son el mismo.