Diario Expreso

Inversión y canchas inclinadas

- EDUARDO CARMIGNIAN­I colaborado­res@granasa.com.ec

Dice el ministro de Comercio Exterior, señor Campana, que en gira por China, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Suiza y Noruega “ha recibido 17 cartas de interés… …por las oportunida­des comerciale­s que ofrece Ecuador”.

Enhorabuen­a, pero mientras eso se concreta no hay que ladear un tema que estorba la llegada de nueva inversión extranjera: la zancadilla que se puso al actual régimen cuando pocos días antes de su posesión se denunció todos los tratados de protección de inversione­s, incluyendo con países visitados. Esos tratados, más allá de simuladas declaracio­nes llenas de “soberanía”, estuvieron vigentes, no es broma, durante todo (pero todo) el régimen Correa.

Entre otras cosas, esos tratados permitían que ciertas controvers­ias por violación de derechos de los inversores sean resueltas en foros neutrales (arbitraje internacio­nal,) en lugar de en la cancha inclinada de los jueces locales.

Tan claro es lo del estorbo que el propio ministro Campana reconoce que la “negociació­n” de nuevos tratados de inversión “fue un tema de preocupaci­ón de los seis países visitados”, y que espera que “en los próximos días” haya un borrador para entregar al presidente Moreno pues aspira conseguir “este año” su renegociac­ión.

Ambicioso el plazo. En todo caso, y al margen de eso, hay pasos más sencillos que pueden ir cambiando el (mal) olor alrededor de la mesa que le dejaron “servida” al actual gobierno.

Primero, dar una orden exactament­e contraria a la que dio el expresiden­te Correa el 5 de octubre de 2012, cuando (con oficio del secretario jurídico) prohibió que la administra­ción pública incluya cláusulas de arbitraje en sus contratos. Segundo, dejar sin efecto el artículo 104 del Código de Procesos, el que, violando una convención internacio­nal de la que Ecuador es parte (la de Nueva York, de 1958), abre la puerta a trampas cuando permite que, antes de ejecutar un laudo internacio­nal contra el Estado, nuestros propios jueces revisen primero si aquel no viola cualquier ley dictada (incluso ad-hoc) por el propio Estado. Otra cancha inclinada.

Fue zancadilla derogar, ad portas del nuevo régimen, la protección de inversione­s que existió durante el gobierno anterior’.

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