La Contraloría mete presión al caso Glas
La entidad de control dispuso la destitución del funcionario Él anuncia que pedirá la revisión de esa decisión El presidente aún no se pronuncia
Jorge Glas recibió, la mañana de ayer, al notificador de la Contraloría General en la cárcel 4, en el norte de Quito. Estampó su firma y número de cédula en el documento, de 59 páginas, con el que se le comunica su destitución.
Él está detenido desde el 2 de octubre por su supuesta participación en la trama de corrupción de Odebrecht.
Pablo Celi, contralor subrogante, resolvió la destitución el pasado jueves. Notificó al implicado y remitió “copia certificada al Ministerio de Relaciones Laborales para los fines legales pertinentes”. La resolución es de cumplimiento inmediato, explicó la entidad de control: Glas ya tuvo el plazo legal correspondiente para desvanecer las acusaciones, pero no lo logró.
El caso tiene una larga historia. Empezó el 16 de junio de 2011 cuando el Gobierno anterior convocó a la licitación de la décima ronda petrolera. Entonces, Glas era ministro de Sectores Estratégicos y miembro del Comité de Licitación Hidrocarburífera. Uno de los bloques en juego era Singue, en la región Amazónica.
La adjudicación de ese campo al consorcio DGC – integrado por las compañías Dygoil Consultoría y Servicios Petroleros Cía. y Gente Oil Development Ecuador– tuvo, según la Contraloría, tres fallas graves.
La primera, el Comité hizo la convocatoria sin contar con la certificación del Mapa de Bloques Petroleros 2011, por parte del Instituto Geográfico Militar. La segunda, se aceptó la oferta del consorcio sin un análisis económico de la capacidad o fuentes de financiamiento de la inversión ofrecida. Y, la tercera, no se exigió a las empresas el desglose de la tarifa de 34,50 dólares por barril para verificar que esta sea el resultado estimado de la amortización de inversiones, costos, gastos y utilidad razonable.
El 3 de agosto pasado, Glas conoció estas observaciones. El 1 de septiembre entregó sus argumentos de defensa. Rechazó las observaciones del equipo auditor de la Contraloría, pero también la acusó de incumplir la normativa para establecer la sanción, de violar el principio de proporcionalidad de la pena, de violar el principio de responsabilidad directa, de falta de motivación y de violar el derecho a la seguridad jurídica.
“Llama la atención, dice Glas, que se pretenda la destitución del cargo de ministro de Sectores Estratégicos, que dejé en 2012. Su autoridad sabía que la famosa pena de destitución no tendría eficacia jurídica, sin embargo, la dictó. Soy vicepresidente constitucional de la República, el régimen de mi destitución lo estatuye la Constitución de la República”.
Pero el contralor no se convenció y ratificó la destitución y el pago de una multa de 5.840 dólares. Le atribuye “responsabilidad administrativa culposa”.
Según la entidad de control, una de las consecuencias de dejar un cargo por destitución es la prohibición de ejercer cualquier cargo público por dos años, después de haber sido notificado.
¿Qué opciones tiene Glas? En la Contraloría todavía puede interponer un recurso de revi- sión. Para eso tiene 60 días. También podría acudir al Tribunal Contencioso Administrativo. En una carta pública, Glas anunció que usará los dos recursos la próxima semana.
Esta es la primera vez, que la Contraloría dispone la destitución de un funcionario que ostenta la Vicepresidencia de la República. Por eso, el debate no se hizo esperar. ¿Puede esta entidad destituir al segundo