La Asamblea frenó 2 veces una ley que protege de la corrupción
La norma, propuesta en 2008, confiscaba las fortunas de origen ilícito Perú ha recuperado sobornos escondidos en Suiza gracias a la extinción del dominio
No existía aún la Constitución de Montecristi, pero la preocupación por la corrupción rondaba en los pasillos legislativos. Nunca llegó a atravesar el arco. Hasta en dos ocasiones se propuso elaborar una ley para que las fortunas cosechadas en actos ilícitos fueran expropiadas a los responsables y readjudicadas al Estado y hasta en dos ocasiones, entre 2008 y 2009, la Asamblea frenó el proyecto.
La llamada Ley de extinción del dominio fue bautizada en Perú como Ley de pérdida de dominio y ha sido, desde su aprobación, el instrumento clave para que las autoridades del país consigan recuperar de Suiza hasta 90 millones de dólares que se pagaron en sobornos durante el gobierno de Fujimori. Y ahora, en medio de la trama de Odebrecht, vuelve a ser la herramienta con la que el país vecino acude a los bancos suizos a reclamar lo que escondieron los corruptos en sus cuentas.
Se evita así la impunidad económica en delitos financieros que, aprovechando el laberinto de paraísos fiscales y las complicaciones de los procesos legales internacionales, permite a los condenados por corrupción disfrutar de los dineros desviados tras cumplir con la eventual condena penal.
“¿Cómo revierto al Estado los dineros saqueados? Primero, se persigue el delito y ya con la sentencia penal, se acude al juez de lo Civil para solicitar que elimine la titularidad de los bienes a los condenados por corrupción. Se pierde el dominio de lo que tengan dentro y fuera del país. Con esa sentencia y, mediante convenios, se puede acudir a los demás países a reclamar lo propio”, resume Douglas Torres Feraud, director binacional de Ecuador y Perú de la Organización de Especialistas en Delitos Financieros. Esa sería la ruta procesal que, según el docente de Auditoría Forense, podría haber seguido Ecuador ante los casos de corrupción desvelados en los últimos meses si la legislación lo permitiese. Más aún si, de acuerdo con el cálculo de Jorge Rodríguez, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, el 20 % de lo desviado es- tá en territorio nacional.
Pero el país no cuenta con esa herramienta. Fue el exfiscal general Washington Pesántez quien, en 2008, propuso al ‘Congresillo’ - una extensión de la Asamblea que funcionaría hasta que se aprobase la Constitución y se nombrasen nuevos legisladores- tramitar una norma que, según sus ponentes, funcionase como “candado jurídico para evitar que el crimen organizado socave el sistema financiero”.
Lo que proponía era que los acusados en ilícitos justificasen el origen de sus bienes o fortunas en un plazo de 120 días y, de no hacerlo, serían despojados de los mismos a favor del Estado. Este estaría obligado a invertirlo en Salud y Educación. El proyecto no pasó el filtro y tampoco se introdujo ningún precepto en la Constitución. Pero no quedó ahí.
El vicepresidente de la ya Asamblea constituida, César Rodríguez, recuperó el borrador, aunque volvió a ser rechazado. De los 66 votos de su grupo, Alianza PAIS, solo 20 respaldaron el trámite. “Quienes querían traer una revolución ética a Ecuador, retrocedieron en mayoría. Ahí yo dije públicamente que esos serían los ejes de la traición a la revolución que harían que el movimiento terminase tragado por la corrupción y, desgraciadamente, así ha sido”, recuerda Rodríguez, que después dejó el bloque, apostillando que entre los detractores de su partido a la norma estaba Alexis Mera y otros que “en estas fechas están en el medio de la corrupción”.
María Paula Romo (PAIS), entonces presidenta de la Comisión de Justicia, también desempolva sus archivos y ratifica los argumentos que justificaron el bloque de la ley: era una norma “abusiva” que daba “excesivas atribuciones” a la Fiscalía, tal y como estaba planteada. Nadie después de eso, intentó modificar el proyecto que, hoy, tanto ayudaría al Estado.