Diario Expreso

Casi cien ‘amicus curiae’ por la consulta han llegado a la Corte

El trámite de opiniones, a favor y en contra, depende de los jueces

- IGF

La propuesta de consulta popular del Ejecutivo divide las opiniones. Hasta las 09:30 de ayer, la sala de recepción de documentos de la Corte Constituci­onal había recibido, aproximada­mente, 100 ‘amicus curiae’.

Este recurso legal puede ser presentado por cualquier persona o grupo que tenga interés en una causa. Su objetivo es coadyuvar al juzgador a resolver de mejor manera.

Así, unos 56 recursos se han entregado con reflexione­s y opiniones sobre las cinco preguntas del referéndum (la inhabilita­ción a las personas condenadas por corrupción, la reelección indefinida, la reforma del Consejo de Participac­ión, la no prescripci­ón de los delitos sexuales contra niños y adolescent­es y la regulación de la minería metálica) y otros 40 por las interrogan­tes de la consulta (la eliminació­n de la Ley de Plusvalía y la ampliación de la zona de protección en el Parque Nacional Yasuní).

Los ‘amicus curiae’ han llegado, según contaron los fun- cionarios, desde varias ciudades del país e incluso vía correo electrónic­o. La mayor parte de los involucrad­os, cerca del 95 %, también pidió ser recibido en audiencia.

¿Qué pasará con esos documentos? Depende de los jueces ponentes. Por ahora la Corte solo ha elegido a Tatiana Ordeñana para analizar las preguntas del referéndum. Todavía no se ha nominado al encargado de la consulta.

Según una rápida revisión hecha ayer, la mayoría de los ‘amicus’ es favorable al planteamie­n- to del presidente Lenín Moreno.

Ayer, por ejemplo, los representa­ntes de Centro Democrátic­o en Pichincha llegaron para apoyar la consulta.

En la vereda se cruzaron con Edwin Jarrín, vicepresid­ente del Consejo de Participac­ión, y otras dos consejeras, quienes entregaron un ‘amicus curiae’ en contra de la pregunta que busca reformar ese organismo. En la misma línea del discurso correísta, ellos dijeron que sustituir el Consejo por un organismo de transición es inconstitu­cional y una regresión de derechos.

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IVONNE GAIBOR / EXPRESO Recurso. Edwin Jarrín, vicepresid­ente de Participac­ión, ayer en la Corte.

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