Justicia y castigo
EDITORIAL
Lo que hoy se da en el sistema educativo respecto al acoso, agresión y abuso sexual contra niños y adolescentes revela hechos y acciones inimaginables. Ningún padre de familia o miembro de la sociedad pensó que esos eventos que están saliendo a la luz pública y conocimiento de todos estaban ocurriendo. Incluso que estos fueran realizados por profesores, y particularmente afectando a niños indefensos.
Pero gracias a la movilización y acción de los padres de familia se los ha conocido. Ellos se armaron de valor y con apoyo de la prensa libre e independiente, Ecuador y Guayaquil se están enterando de este tipo de acciones, que no son de ahora sino que han sido bloqueadas e ignoradas por quienes debían vigilar, controlar y castigar a los culpables.
Ha sido esa “valentía” de los padres de familia, por su presión, movilización y los plantones realizados que se ha llegado a saber que estos casos son innumerables. Están saliendo a la luz hechos de acoso, violencia y abuso sexual a niños y adolescentes. El país está asombrado. Se ha hecho evidente que las denuncias reportadas entre el 2014 y el 2017 sobre abuso sexual son 13.671. De estas, los eventos de abusos a menores de 14 años o con discapacidad son 3.575. Y los que corresponden a niños y adolescentes escolares pasan de los 800.
Los casos de abuso sexual a los escolares dejan ver la existencia de actos abominables y que deben avergonzar a quienes, con gran entrega, mística y solvencia moral ejercen la docencia. Por eso ante este tipo de hechos es ne- cesario que las autoridades educativas, los representantes de la justicia y la Fiscalía lleven adelante una vigilancia y acción urgente, para que los culpables de este accionar inmoral reciban la sanción y el castigo que merecen.
El clamor de los padres de familia y de los niños es: “justicia y castigo”. También lo es de los docentes responsables y que cumplen su labor y accionar educativo con responsabilidad, decencia y respeto a los derechos de los niños y adolescentes.
“Justicia y castigo” debe ser la tarea y el objetivo de las autoridades educativas de todos los niveles. Solo así se habrá restituido el respeto y los derechos de los niños, hoy vulnerados y convertidos en víctimas de profesores inmorales y pervertidos sexuales, que por razones de diversa índole han ingresado al magisterio.
... es necesario que las autoridades educativas, los representantes de la justicia y la Fiscalía lleven adelante una vigilancia y acción urgente para que los culpables de este accionar inmoral tengan la sanción y el castigo que merecen’.