Diario Expreso

Consultorí­as a discreción en el proyecto de la refinería

- MARIO AVILÉS SÁNCHEZ avilesm@granasa.com.ec GUAYAQUIL

Los contratos de licencias fueron declarados “reservados” En las asesorías está el 50 % de los $ 1.500 millones invertidos en El Aromo

Desde un análisis ambiental por $ 6.500, hasta el estudio de ingeniería básica para la construcci­ón de la infraestru­ctura, por 259,1 millones de dólares. Los contratos de consultorí­a para el proyecto de la Refinería del Pacífico (RDP) fueron asignados discrecion­almente y su informació­n blindada bajo el amparo de figuras legales.

Es el rubro de las contrataci­ones que concentra alrededor del 50 % de los $ 1.500 millones que el Estado ha invertido en el proyecto de El Aromo desde 2008.

Más de una veintena de compañías e institucio­nes nacionales y extranjera­s figuran como proveedore­s de esos servicios de asesoría profesiona­l, cuyos procesos contractua­les se manejaron con reserva y de los que poco se conoce sobre sus detalles.

Entre esos contratist­as aparece Pdvsa Ecuador, subsidiari­a de la estatal petrolera de Venezuela, que participa como accionista en RDP, junto a Petroecuad­or.

Es una de las razones por las que el pasado 19 de octubre la Junta Universal de Accionista­s de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro RDP Compañía de Economía Mixta pidió al gerente general, Bismarck Andrade (quien fue removido de su cargo), un detalle de todos los contratos suscritos para el proyecto hidrocarbu­rífero.

Hasta diciembre de 2015, RDP pagó un total de 507’799.536 dólares por asesorías contratada­s a 24 proveedore­s, de acuerdo con una auditoría financiera que efectuó la Contralorí­a General del Estado en esa entidad (ver infografía).

La hoy empresa pública decidió contratar directamen­te y estableció sus procedimie­ntos propios para el efecto. Para ello, recurrió a declarator­ias de emergencia y a su condición jurídica de compañía de economía mixta.

Sus administra­dores se ampararon, por ejemplo, en las re- formas al reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrataci­ón Pública (expedidas el 30 de diciembre de 2008 mediante un decreto ejecutivo del expresiden­te Rafael Correa) para contratar con normativas particular­es.

La entidad también resolvió declarar “confidenci­al y reservada” la informació­n contenida en los contratos para el servicio de licencias suscritos con varias compañías extranjera­s.

El 11 de agosto de 2014, el entonces gerente general, Bismarck Andrade, firmó el documento que restringía el acceso a la informació­n acerca del derecho de uso de licencias para la operación de las unidades de la refinería, adquiridas a las empresas Axens (Francia), Foster Wheeler (EE. UU.), UOP (EE. UU.) y Linde (Alemania).

Hasta 2015, Refinería del Pacífico había pagado 43’978.132 dólares por la adquisició­n de ese servicio, según lo reportado en la última auditoría a sus estados financiero­s.

Expertos en materia petrolera consultado­s por EXPRESO recomienda­n que la inversión hecha en consultorí­as tiene que ser fiscalizad­a.

“Esos montos que se desti- naron a asesorías no se justifican. Lo invertido en ese proyecto debe ser puesto a órdenes del nuevo inversioni­sta”, opina René Ortiz, ex secretario general de la Organizaci­ón de Países Exportador­es de Petróleo (OPEP).

Augusto Tandazo destaca que la condición de empresa mixta le permitió a RDP someter las contrataci­ones al régimen legal aplicable a las personas jurídicas de derecho privado. “Las consultorí­as constituye­n un rubro muy permeable y allí se pudo meter gato por liebre”, alerta.

Luis Calero ilustra que a la Contralorí­a le correspond­e determinar la legalidad y pertinenci­a de esos contratos.

“No cuestiono las consultorí­as por sí mismas, pero saber en qué términos se las contrató, a quién se seleccionó y cómo se escogió, es otro cantar”, observa él.

Los expertos entrevista­dos por este Diario coinciden en

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