¿Quién manda a quién?

Parece que los que leemos columnas de opinión somos todos abogados. Yo mismo me siento culpable de algunos de los razonamientos que presento a veces en este espacio, cuando por querer servir mejor a mis lectores me dejo llevar, y escribo como si estuviese en un concurso de quién es el que habla más bonito -y complejo.

Que si se necesitan 69 o 92 votos para tramitar tal o cual ley; o que un eventual enjuiciamiento debe versar sobre tal o cual tipo penal para que sea válido; o que el Municipio de Quito supedita los urgentes planes de vivienda gobiernista a los lentísimos procedimientos políticos de la capital. Todas son condiciones -legales y políticas- escritas y no escritas, diseñadas supuestamente para proteger al ciudadano, pero que más parecen proteger al poder. Son los jeroglíficos del derecho y del proceso burocrático con los que nos hemos acostumbrado a perder el tiempo.

Pensamos que la solución de todos los problemas nacionales depende de políticos y burócratas y del lenguaje de los abogados, aquel en el que damos vueltas día tras día, sin entender bien por qué. Pe- ro no es así. La solución de los problemas nacionales está en la calle, en los temas que preocupan y motivan a la gente a expresarse, a quejarse y a reivindicar la mejor calidad de vida que merece. Esto se concreta en los reclamos ciudadanos y en el voto, en hacerse escuchar. ¿Quién determina al final del día, bien al final, si vicepresidente y expresidente son juzgados políticamente, y no políticamente por la Asamblea, sino por los ciudadanos? ¿No son estos últimos quienes lo hacen? ¿Qué factores inciden en que la Corte Constitucional resuelva más temprano o tarde dar

Son los jeroglíficos del derecho y del proceso burocrático con los que nos hemos acostumbrado a perder el tiempo’.