Un laberinto de denuncias en un caso de concusión
La Fiscalía dice que hay intimidaciones. La otra parte anuncia presiones
En medio de denuncias de intimidación y de presiones se van desarrollando las investigaciones sobre el presunto delito de concusión en el Ministerio del Interior.
Tres funcionarios públicos y la esposa de uno de ellos son indagados por la Fiscalía por supuestamente beneficiarse, a través de un sistema de comisiones de contratos en esa cartera de Estado.
Entre los investigados está David Yépez Yánez, exasistente de la legisladora Gabriela Rivadeneira, durante la época en la que esta fue presidenta de la Asamblea. Ahora él se desempeña como gestor de la Casa de la Asamblea en Pichincha.
Ayer, el abogado de Yépez, Vladimir Porojnia, denunció ante los medios de comunicación, las presuntas presiones que abría recibido la jueza Geovanna Palacios, para que acepte el pedido de la Fiscalía y confirme la prisión preventiva de los involucrados.
Porojnia presentó una copia del acta resumen de la audiencia que se cumplió el jueves pasado en la Unidad de Flagrancias de Quito. En esta, la jueza señala, previo a dictar sentencia: “debo decir que me atengo a las consecuencias por lo que voy a decidir”.
Palacios no aceptó el pedido y decidió, que los procesados se presenten cada 15 días y que se les coloque un dispositivo electrónico de manera inmediata.
El jurista fue más allá. Relató que durante la audiencia, la jueza Palacios precisó que las presiones venían del Ministerio del Interior, sin preci- sar de qué persona provenían.
En tanto, la Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, rechazó actos de intimidación hechos contra la fiscal Claudia Romero, miembro de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, que es quien lleva la investigación.
Según la entidad, Romero recibió amenazas, luego que la madrugada del 2 de noviembre se ejecutara un operativo en que el que se detuvo para fines investigativos a cuatro personas, quienes se habrían asociado ilícitamente para cometer el delito.
Frente a esta situación, el fiscal general Carlos Baca Mancheno ordenó investigar, de manera inmediata, todo lo relacionado a este caso: tanto las intimidaciones, como las presiones, posible tráfico de influencias, etc.
Para Vladimir Porojnia, se trata “de una lucha de poderes”, afirmó.