El presidente reconoce que recuperar el dinero de la corrupción es difícil

El Gobierno asegura estar tras la ruta de los recursos malversados

Las esperanzas son escasas hasta en el Gobierno. El presidente Lenín Moreno reveló ayer que recuperar el dinero hurtado en casos de corrupción resulta una tarea muy complicada que requerirá, si se logra, más tiempo del deseado.

El tema salió a flote mientras explicaba a un grupo de exasambleístas constituyentes que “la mesa servida” que le dejó el Gobierno del expresidente Rafael Correa incluye el pago de una deuda anual de $ 10.000 millones.

“Ayer les decía a los empresarios que alguien tiene que pagar esa deuda; (me responden) que hay que cobrarles a los que se robaron. Por favor, estamos siguiendo la ruta del dinero, pero esto no es de la noche a la mañana”, manifestó Moreno.

Incluso, si estos recursos son detectados su repatriación sería difícil si son encontrados en paraísos fiscales “porque precisamente esos países viven de ese dinero, su desarrollo se hace con base a ese dinero”, aseguró el primer mandatario.

EXPRESO ya informó de los escollos que dificultan recuperar el dinero de la trama de Odebrecht, entre ellos, la falta de una ley de extinción de dominio que fue bloqueada por PAIS y la oposición en 2008. Además, el lunes, dos fiscales explicaron a este Diario los límites que tiene la ley ecuatoriana para lograr este objetivo.

Moreno dijo que en el caso de que las empresas “corruptas y corruptoras”, que han perjudicado al Estado, tengan sus recursos en el país se facilitaría resarcir el dine- ro, pero si este está en sus naciones de origen, hay otra complicación. De todas maneras, el Ejecutivo hará la gestión. “Pero no me vengan a decir que eso se hace de la noche a la mañana. Ese es un camino largo, largo, largo. O si no, vean el esfuerzo que nos está costando repatriar a la gente corrupta”, dijo el mandatario.

Pero la asambleísta Jeannine Cruz, del movimiento CREO, advierte que la recuperación del dinero de la corrupción depende también de la “voluntad política”. Si bien ella está consciente de que hay un vacío legal, cree que identificar las transferencias bancarias o las cuentas offshore deja evidencias y rastros. “Tenemos que seguir la ruta del dinero”, manifestó.

Una reforma al Código Penal o revisar (para ampliarlas) las competencias de la Contraloría o la Fiscalía son opciones que se analizan, indicó.