COMPROMISO

Confirmar que adoptará las reglas relativas a la buena fe, confidencialidad, reserva y ética. institucionalidad, pero no la hay. Siguen respondiendo a los mismos intereses”.

En la misma línea está Fabricio Villamar, de CREO: “Dudo de que sea un tema de desconocimiento la falta de prolijidad en la investigación, sino más bien la noción de proteger a los funcionarios de la anterior administración. Hasta el momento no existe un intento serio de recuperar valores”. Y Héctor Yépez recuerda que no es ningún secreto que el fiscal general “es un hombre de confianza del expresidente Rafael Correa”. De PAIS no se ha pronunciado nadie para EXPRESO, pese a la media decena de intentos con legisladores.

Ninguno de los consultados niega que con la llegada del fiscal general Carlos Baca Mancheno se haya avanzado en seis meses más que con su predecesor en el cargo, y más de lo que esperaban. Pero insisten en que las decisiones adoptadas están salpicadas de un cariz político. No comprenden y no comparten la elección del delito de asociación ilícita, que tiene una pena de hasta cinco años, para procesar al vicepresidente sin funciones Jorge Glas o al excontralor prófugo Carlos Pólit, entre otros.

Es la única explicación que dan para justificar que no se haya concretado un acuerdo, ya preaprobado en junio, con el Instituto suizo de Basilea, que desde su sede en Lima ha ayudado a Perú a recuperar hasta 100 millones de dólares desaparecidos durante el régimen de Alberto Fujimori. Un convenio, ya redactado en español, que tenía 10 páginas y una vigencia de dos años prorrogables, pero que cayó en el olvido con el cambio de administración.