Guayaquil contra la violencia
EDITORIAL
La seguridad ciudadana está garantizada, fundamentalmente, en la Constitución política del Ecuador, no solo en la del 2008 sino en todas las constituciones que el Ecuador ha tenido a lo largo de su historia, porque se considera que si no fuese así sería un Estado fallido, que no cumple con una de sus más trascendentales obligaciones.
La ciudadanía ecuatoriana en los momentos actuales se debate en una inseguridad física y jurídica, lo que ha dado margen para que aparezcan fenómenos graves como el auge de la delincuencia y la más tenebrosa corrupción que escandaliza al país entero.
Si la seguridad ciudadana es un tema que preocupa a toda la sociedad, lo correcto es que sea ella misma la que plantee va- lientemente soluciones a tan agudos problemas, habida cuenta de que por desgracia los organismos estatales llamados a cumplir con esta obligación, poco o nada hacen para solucionar la angustia nacional. Por esta razón es altamente significativo que el alcalde de Guayaquil, en representación de su ciudad y acompañado por todos los ediles que integran las distintas bancadas en el Municipio, haya comparecido ante la Asamblea Nacional para hacer formal entrega del proyecto de Ley Orgánica para Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, que demuestra un amplio conocimiento constitucional y profundo estudio del aspecto penal, que son esenciales, en el caso presente, para que pueda expedirse una ley que no sea letra muerta.
El proyecto de ley en mención
Si la seguridad ciudadana es un tema que preocupa a toda la sociedad, lo correcto es que sea ella misma la que plantee valientemente soluciones a tan agudos problemas...’.
destaca de manera preferente la preocupación que debe tener el Estado para enfrentar y combatir el asesinato, la violación, el secuestro y el robo, que son los más gravitantes en nuestra sociedad. Asimismo, propone lo que es fundamental: una gran reforma al Código Orgánico Integral Penal, que con instituciones como el procedimiento abreviado, el procedimiento directo, la caducidad de la prisión preventiva y la reincidencia permiten que, aunque parezca insólito, se favorezca más al victimario que a la víctima.
La gestión que cumplen el alcalde y el cuerpo edilicio que preside es digna de aplauso por parte de la sociedad, que espera que la Asamblea Nacional alguna vez dicte una ley que no sea enviada desde Carondelet para que la aprueben ‘alzamanos’.