INFORMACIÓN
Los informes del Comité de Reconstrucción no detallan los contratos, contratistas, lista de obras contratadas, sus presupuestos ni los avances de cada una de ellas.
presuntas irregularidades en la utilización de los fondos de la reconstrucción (ver subnotas).
Uno de los reportes revela abandono de obras contratadas para el mejoramiento y construcción de viviendas en el cantón Sucre, a cargo del Miduvi. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña, en una de sus últimas visitas a Manabí, confirmó como ciertos esos hechos y dijo que se tomarán acciones legales en contra de los constructores que faltaron a su compromiso.
EXPRESO solicitó formalmente información al Miduvi sobre este caso, pero no hubo respuesta.
Otra veeduría reporta supuestos sobreprecios y mal uso del dinero que el Ministerio de Finanzas asignó a la Secretaría de Gestión de Riesgos, para servicios dentro de los albergues.
La actual administración de Gestión de Riesgos confirmó a EXPRESO que los recursos asignados a esa entidad en 2016 están bajo análisis de la Contraloría. Dijo que se usaron $ 1’126.000 de una trasferencia inicial de $ 10 millones efectuada por Finanzas, organismo que posteriormente retiró el saldo.
“En los registros de la entidad se evidencia un total de 84 facturas por mantenimiento de vehículos utilizados en Manabí para atender los efectos del terremoto, debiendo indicar que estas se encuentran dentro del examen especial”, señala Gestión de Riesgos.
Carlos Bernal, quien hasta el 12 de enero estuvo al frente de la secretaría técnica del Comité de Reconstrucción, aclara a este Diario que esa dependencia gubernamental aún no existía cuando se hizo la asignación de esos $ 10 millones.
Sobre el caso de las viviendas, el exfuncionario afirma que el Miduvi sigue acciones legales en contra de los contratistas responsables. “Hay algunos que están siendo observados por ese ministerio para garantizar el cumplimiento en la entrega de las casas”, aclara.
Bernal asegura que hubo una política de puertas abiertas para el trabajo de las veedurías ciudadanas, e insiste en que el Comité de Reconstrucción no tiene competencia para fiscalizar la utilización del dinero transferido a los organismos públicos ejecutores de los proyectos.
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Diez entes manejarán $ 491 millones en 2018 para obras nuevas y rezagadas.