La especulación revive el debate de “una nueva ley”

Tras la consulta, el Gobierno insiste en controlar los precios de la tierra. Los constructores lo apoyan, pero rechazan el anuncio de crear más normas

de la tierra y la obra del sector inmobiliario, hizo que los representantes del sector se reunieran en Guayaquil para públicamente expresar su rechazo. No conciben que el Gobierno quiera reemplazar una ley que originó una crisis de oferta y ventas en el sector inmobiliario y que hizo que su Producto Interno Bruto (PIB) cayera cerca de $ 1.500 millones el año pasado y que se perdieran 81.000 plazas directas de empleo en toda la cadena productiva de este sector, que incluye a los locales que venden materias de construcción.

Enrique Pita, presidente de la Cámara de Construcción de Guayaquil, y Jaime Rumbea, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios y Viviendas del Ecuador (Apive), sostienen que en el país ya existe la Ley de Ordenamiento de Uso y Control de Suelo que, a su criterio, se aplica a medias. Dicen no estar en contra de apoyar un reforzamiento de controles, pero siempre y cuando no se cree una nueva ley que afecte las transacciones inmobiliarias del sector privado.

Una forma de empezar es corrigiendo algunos procesos dentro del sector público. Explican que el Estado, como el mayor tenedor de tierras a nivel nacional, es el que ha venido generando una restricción de oferta de terrenos que pueden servir para la construcción de viviendas; a ello se suman los trámites burocráticos de los Municipios para aprobar la edificación de proyectos urbanísticos que incrementan tiempo y costo.

LA CIFRA 75 POR CIENTO fue el impuesto que la ley grababa a la ganancia extra en la segunda venta de inmuebles.