“Hay que hacer funcionar las normas que ya existen”

− Los resultados de la consulta del domingo se pueden prestar para una interpretación. El Gobierno puede alegar que los ecuatorianos pidieron derogar la Ley de Plusvalía vigente, pero que con ello no necesariamente se descartó crear alternativas. − Yo no creo que caben análisis ni omisiones, lo que corresponde es obedecer lo que el pueblo ecuatoriano pidió en las urnas: deróguese la ley, cuando eso se haga quedarán vigentes otras normas que sí controlan la especulación, a través de los tributos que el Estado, municipios, consejos provinciales pueden cobrar cuando una obra privada se eleva de precios por efecto o beneficio de una obra pública (parques, carreteras, servicios aledaños). Por lo tanto, la derogatoria de esta ley no deja en la indefensión al Estado para controlar la especulación sobre la tierra. − Tal vez el Gobierno cree que no es suficiente... − Ese es el argumento que pueden usar las autoridades, pero, ¿hasta dónde podemos estirar la ley para hacerlo suficiente? Esta famosa Ley de Plusvalía afectaba directamente la transacción de bienes inmuebles, de departamentos y casas de construcción antiguas y establecía sanción para las ganancias que se obtienen por la plusvalía, que no es lo mismo que la especulación. Eso es lo que nos preocupa. − ¿Qué recursos existen actualmente para controlar esta especulación? −Tenemos normas que ya exigen contribución especial de mejoras por obras municipales, contribución especial por mejora de obras del Gobierno central; por solares no edificado, el Municipio cobra el 2 por mil anual de sobrecargo. Esto sin contar el impuesto predial, alcabalas y demás. − ¿Apoyarían otra alternativa para reforzar ese control? − Una alternativa sería cobrar más tributos (a quienes tienen estos terrenos sin edificar), de tal manera que tengan que venderlos, en un momento dado y no tengan tierra de engorde. El castigo sería para el dueño de la tierra que se beneficia injustamente, pero no para todos. Pero lo que estamos pidiendo es que se empiece por hacer cumplir las normas que ya existen. Aplicar una nueva norma generaría más desconfianza y desestimularía la recuperación del sector.