“El Estado es responsable del déficit de vivienda”

− Ustedes están de acuerdo con controlar la especulación pero sin afectar la actividad privada, ¿qué propuesta tienen para encaminar esto? − Existen instrumentos que se usan en todo el mundo y que acá existen, pero no se aplican. La Ley de Ordenamiento Territorial de Uso y Gestión de Suelo tiene un capítulo entero que habla sobre la especulación, pero nos quieren cuentear poniendo un control de precios implícito como el que se propone en la Ley de Plusvalía. El sector privado no puede inventarse los precios, la especulación no nace de nosotros. − ¿Cómo se origina? − La Ley de Plusvalía fue un arma política de Rafael Correa para tapar su incapacidad de resolver un problema de déficit de vivienda. Ofreció que el 2016 era el año de la vivienda, pero un tiempo después, que no vio resultados, empieza a distraer el tema y le echa la culpa de esto al sector privado (de beneficiarse de extraordinarias ganancias). Su política estuvo basada en una sobrerregulación y eso, junto al acaparamiento de tierra y la burocracia, son los mayores generadores de informalidad y de déficit de vivienda en el mundo. Autoridades del propio Gobierno brasileño descubrieron que ellos mismos fueron los que crearon las favelas debido a su propia restricción y burocracia. − ¿Eso es algo que se repite acá? − El Estado ecuatoriano es el mayor terrateniente del país, no hay nadie que se le compare. Basta ver los bienes de inmobiliar, los bienes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sin contar con lo que tienen las Fuerzas Armadas. Hay que reconocer el esfuerzo que ahora recién se quiere hacer con el programa Casa para Todos e Inmobiliar, de ceder recién esos terrenos, pero imaginemos el efecto en el mercado si todas estas propiedades hubiese sido destinadas en la construcción de vivienda al precio que el Estado les puede asignar. La forma de poner más oferta de vivienda social es poniendo esos predios en el mercado en las mejores condiciones y hacer que los trámites municipales para la construcción de obras no sean tan burocráticos. Actualmente se toman un año, año y medio o hasta 8 años como ha sucedido en el Municipio de Quito. Eso restringir la oferta formal e influye en los precios.