Oídos sordos ante los pedidos desde el exterior
Desde su instauración, una veintena de organismos internacionales han criticado las restricciones, la normativa ambigua y el carácter punitivo de la Ley Orgánica de Comunicación, y su órgano rector, la Superintendencia de Comunicación.
Catalina Botero, titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, indicó que las sanciones por figuras como el linchamiento mediático eran irrisorias. “Cualquier denuncia sostenida de corrupción podría ser calificada (por la Supercom) como linchamiento mediático”, dijo en 2013.
Frank la Rue, relator de las Naciones Unidas para promoción y protección de la Libertad de Expresión, aseveró que “la ley tiene elementos que gravemente afectan la libertad de prensa”.
La organización Human Rights Watch también se pronunció en rechazo del cuerpo legal y su órgano rector. José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW enfatizó en que “las disposiciones favorecen la censura, constituyen claros intentos por silenciar las críticas”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también ha hecho continuas críticas a la Supercom, sobre todo tras las elecciones del año pasado, cuando esta entidad enjuició a siete medios, entre ellos EXPRESO, por no difundir un reportaje del diario argentino Página 12, que recogía las cuentas offshore del excandidato Guillermo Lasso.
Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP afirmó que, a criterio del anterior gobierno, “los medios de comunicación deberían informar de todo lo que se publica a su favor y callar lo que se le critica”.
Sin embargo, Ochoa hizo caso omiso a las críticas, sentenciando que todos los organismos extranjeros “revelan desconocimiento de la ley y una defensa incondicional de los intereses económicos de algunos medios”. En el caso específico de la SIP, este llamó a sus cuestionamientos “injerencias”.
Y contaba con apoyo. En respuesta a las críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que recientemente acudió para intentar frenar la consulta popular, el expresidente Rafael Correa comparó al organismo con Vachagnon, exempresa recolectora de basura de Guayaquil.