JUAN PABLO ALBÁN “La rapidez de la Corte es entendible”

A Juan Pablo Albán lo deja satisfecho la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, reconoce que el caso podría tomar otros rumbos tanto a nivel nacional como en el plano internacional. − ¿Esperaba la rapidez con la que contestó la Corte el pedido de la CIDH? − No, pero tomando en cuenta la manifiesta improcedencia de la solicitud que fue enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es comprensible que la Corte no haya requerido al Estado ecuatoriano algún descargo para pronunciarse. − ¿Se puede dar por concluido el caso con esta decisión emitida desde la Corte? − De la información que circuló en redes sociales en los últimos días, tengo entendido que el planteamiento de los tres (consejeros de Participación Ciudadana) no solo era solicitud medidas cautelares, sino también una denuncia por violación de los derechos humanos. − ¿En ese caso cuál sería el procedimiento? − Si ese es el caso, en efecto deberá hacerse un procedimiento adicional ante la CIDH (admisibilidad y fondo) y luego si la Comisión encontrara violaciones se daría un proceso ante la Corte. − La resolución de la Corte dice, entre otras cosas, que la petición fue emitida luego de la consulta, es decir a destiempo. ¿Eso la invalida? − En mi opinión, esa manifestación de la Corte alude a la ausencia del requisito de extrema urgencia a la que se refiere la Convención Americana sobre los Derechos Humanos para el otorgamiento de medidas provisionales. Además sugiere que, en cualquier caso, de haber habido presunta violación, esta ya se habría concretado, por lo que el asunto no es materia de medidas provisionales, sino en todo caso de una denuncia individual. − Dos jueces de la Corte votaron ayer en contra. Se dice que ambos son cercanos a los gobiernos socialistas. ¿Se puede hablar de jueces que tienen una tendencia política al interior de la Corte Interamericana? − Lamentablemente en los últimos años sí, es notoria la inclinación política ideológica de ciertos jueces. Esto pese a que la Convención Americana exige, para su designación, jueces de la más alta autoridad moral, expertos independientes en derechos humanos, es decir personas que no representan ni a su país, ni a una tendencia política ideológica. − ¿Estos dos votos en contra abren una posibilidad para que los consejeros que pidieron las medidas provisionales puedan insistir en su pedido? − No, pero sí me preocupa, y mucho, cómo va a actuar la Corte Constitucional (CC) amparándose en lo actuado por la Comisión Interamericana.