El fantasma de los fallos impugnados regresa para perseguir a Ochoa
“Errores de buena fe”, así calificó esta semana el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, a las equivocaciones, que considera poco probables, cometidas en el ejercicio de sus funciones.
El titular de la Supercom negó sesgos contra los medios privados e indicó que la aplicación de sanciones y multas se ha hecho de acorde a la Ley Orgánica de Comunicación. “Sostengo todas las resoluciones que hemos tomado”, afirmó en una entrevista.
Entre las penas aplicadas que Ochoa defiende a capa y espada está la primera sanción contra un medio por linchamiento mediático. Esta, registrada en 2015, obligó al canal Teleamazonas a pedir disculpas públicas al expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, por “atentar contra su prestigio y credibilidad” insinuando que este estaba involucrado en actos de corrupción. Chiriboga hoy cumple diez años de prisión por lavado de activos.
Un año antes, el organismo de control multó a EXPRESO con $ 41.000 por difundir un informe de Contraloría que establecía glosas por $ 29 millones por irregularidades en la edificación de la Refinería del Pacífico. A criterio de la Supercom, esta investigación, basada en un documento público y contrastada plenamente, “habría tomado posición institucional sobre la culpabilidad de los directores de RDP”.
Este Diario también fue multado por difundir un aviso (no un artículo), pagado y presentado a manera de publicidad por la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, titulado “Indefensión jurídica ante la Ley de Comunicación”, que planteaba las injusticias provocadas a los medios por la Supercom.
El organismo solicitó una rectificación, a manera de publirreportaje gratuito, para defender su gestión.
Una y otra vez, en proceso de validar esta defensa, Ochoa ha alegado que la entidad no es juez y parte de los procedimientos que terminan con la imposición de multas. No obstante, el organismo sancionó a numerosas radios por divulgar la noticia, reconocida por el propio superintendente, de que este había alterado
EL CASO
A pesar de que los avisos, como el cancelado por la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódico no están sujetos a la réplica, por tratarse de una opinión, dice la abogada Priscilla Falconí, la Supercom pidió responder al aviso con un publirreportaje que debía publicarse de manera gratuita. la Ley de Comunicación, cambiando el numeral de un artículo. El proceso, al igual que los mencionados previamente, fueron impugnados, pero las resoluciones se mantuvieron.
Ahora, aprobado el proceso para iniciar su juicio político en la Asamblea Nacional, el superintendente de Comunicación deberá defender las resoluciones que dispuso contra medios privados y demostrar que éstas no respondieron a sesgos políticos, pedidos de funcionarios del Gobierno anterior, ni a intentos por acallar la investigación ni la libertad de prensa.