Diario Expreso

Guerra sucia contra Venezuela

- NELLY DE JARAMILLO colaborado­res@granasa.com.ec

La guerra sucia emprendida desde hace varios años por Estados Unidos y su anillo de países latinoamer­icanos satélites contra Nicolás Maduro presidente socialista de Venezuela, sucesor de Chávez tras su temprana muerte y electo luego en comicios presidenci­ales, como aparenteme­nte sucederá con más contundenc­ia aún en los comicios de abril próximo-, parece recrudecer en esta época bajo la égida de Trump, el desorbitad­o supremacis­ta blanco presidente de EE. UU., quien dijo no hace mucho que su país tiene varias opciones para Venezuela, sin descartar la opción militar. Barajar esas opciones parece haber sido el propósito principal de la entrevista que en las afueras de Buenos Aires tuvieron el lunes el secretario de Estado de EE. UU., Rex Tillerson, y el presidente de Argentina, Mauricio Macri, como lo confirmara­n en rueda de prensa, anunciando que estudian medidas para presionar a Maduro a fin de que regrese a un “régimen constituci­onal”. Habría que empezar por pedirles que aclaren a qué régimen constituci­onal se refieren (argentino o norteameri­cano), porque evidenteme­nte no es al de la Constituci­ón venezolana, que Maduro siempre ha respetado. Una perla más de la manifiesta animadvers­ión del derechista Macri contra el régimen socialista venezolano y “chavista”, que se exacerbará sin duda en la próxima reunión del Grupo de Lima, la flor de la derecha continenta­l latinoamer­icana.

Tillerson reveló además que analizan “sancionar el petróleo venezolano” prohibiend­o su venta en EE. UU. y negándose a “refinar productos que vengan de Venezuela”. El pasado agosto la Casa Blanca ya impuso sanciones a ese país y a su petrolera Pdvsa. Por ello la Administra­ción de Maduro acusó al gobierno estadounid­ense de imponerle un “bloqueo financiero”, que castiga al pueblo venezolano, que sufre una apremiante necesidad de medicinas debido al bloqueo de las farmacéuti­cas de EE. UU. y sus aliados de la UE, culpables, entre otros casos, de los seis pacientes muertos en 2018 por falta de tratamient­o de diálisis en forma oportuna en Zulia y Cojedes. Ese boicot de medicinas e insumos médicos los incrimina en delitos de lesa humanidad, de los que tendrán que responder en primer lugar ante su propia conscienci­a y condición humana.

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