¿Más de lo mismo?

Presidente, el domingo pasado los ecuatorianos le entregamos un capital político para que Ud. lo use juiciosamente e inicie la “limpia” del correato. La advertencia es oportuna pues ya salieron los perdedores y los encubiertos dentro de su administración con las leguleyadas de costumbre: que la Asamblea debe ahora interpretar lo mandado por tres de cada cuatro ecuatorianos; que se han violado sus derechos humanos (olvidándose de los ajenos); que no acatarán los resultados porque la consulta es inconstitucional; o que ya se buscarán nuevas pegas que deberán ser financiadas por los contribuyentes. Los redentoristas (incluyéndolo a Ud. en este caso) afirman, por ejemplo, que enviarán una nueva propuesta de ley de plusvalía, cuando el mandato expreso que Ud. ha recibido es la derogatoria de una ley que ya le pasó una fuerte cuenta económica al país.

Es el caso que la especulación sobre el precio de las tierras, que Uds. equiparan con la plusvalía, la promueven, por una parte, el mayor terrateniente (esto es, el Estado sobre el que Ud. preside) y, por otra, los disfuncionales gobiernos municipales que, entrampados en su red burocrática, son incapaces de procesar con agilidad los densos trámites de la permisología, los cuales constituyen el caldo de cultivo de la corrupción.

Le transmito, por lo tanto, las siguientes reflexiones. En primer lugar, no se olvide de la Revolución de las Alcabalas. La ley derogada es, a manera de las alcabalas, un impuesto a la transferencia de dominio, a favor del gobierno central. Es fácil deducir que, siendo sus impuestólogos los mismos asesores de Correa, la propuesta que se cuece es otro bodrio fiscalista con el que se pretende burlar la decisión del electorado. Segundo, su legislación implicaría pagar tributos sobre tributos; los predios y bienes raíces pagan, además del impuesto a la renta no generada, los impuestos catastrales y las contribuciones especiales de mejoras con las que se amortiza la infraestructura que los municipios proveen. Tercero, el argumento de las “dádivas estatales” de su predecesor es falso; el Gobierno, que se financia con los dineros de los contribuyentes, tiene la obligación de devolver en obras los impuestos cobrados y no de rifárselos como propios. Cuarto, la plusvalía es un mecanismo de mercado, y es como tal el resultado del equilibrio de la oferta y la demanda en cuanto a precio, cantidad y calidad; si algún agente de mercado percibe una renta extraordinaria al vender el bien, el Estado se resarce cobrando el impuesto a la renta por las ganancias de capital. Finalmente, un componente importante de la plusvalía, tal como su gobierno propone medirla, es la inflación que solo un gobierno puede provocar; el gobierno puede también provocar externalidades negativas pues las carreteras o avenidas son sitios de hacinamiento, ruido, contaminación, e inseguridad. En esos casos, ¿es que acaso el Gobierno está dispuesto a pagar a los afectados por la de-valuación de los bienes que provoca?.

Tómelo como consejo de amigo: más de lo mismo no es aceptable. No es bueno arriesgar la ira y el desencanto de millones de ecuatorianos por hacerle la corte a los indeseables que no aceptan que han sido derrotados.

No es bueno arriesgar la ira y el desencanto de millones de ecuatorianos por hacerle la corte a los indeseables que no aceptan que han sido derrotados’.