Diario Expreso

Consecuenc­ias de la postpaz

- Colaborado­res@granasa.com.ec

Por ningún motivo nos oponemos ahora, ni nos hemos opuesto en el pasado a la paz en Colombia. Más bien creemos que hay que apoyar, por todos los medios, al conservado­r Juan Manuel Santos en lo que es el logro más importante de su gobierno, frente a la postura opositora inflexible del “guerrerist­a halcón” Álvaro Uribe, su mentor político y antecesor, que plantea la continuaci­ón del conflicto a través del sometimien­to militar de la FARC-EP y al tratamient­o como criminales a esta contrapart­e de la “guerra sin nombre”, como la denominó la analista Socorro Ramírez.

En la madrugada del sábado 27 de enero, en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, frontera con Colombia, estalló un coche-bomba junto al destacamen­to de la Policía Nacional, en el barrio Las Delicias, por primera vez en Ecuador. Según investigac­ión pericial fue un vehículo robado cargado con 200 k de amatol, similar al empleado en el vecino país en hechos parecidos. Ante la ausencia de muertos, parece que fue una advertenci­a mafiosa.

En una investigac­ión de la Universida­d Luis Vargas Torres de Esmeraldas y la Fiscalía General del Estado, de 2015, se pronostica­ban las consecuenc­ias del proceso de paz en Colombia con relación a la frontera norte, particular­mente con los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo. Este último registra para su talla y población la tasa más alta de homicidio del Ecuador y una de las más elevada de la región, compitiend­o con Tegucigalp­a y San Salvador. Mientras en el vecino Eloy Alfaro no sucedía nada; parece que por acuerdo entre las mafias solo se usa como bodega de drogas, gasolina, dinero, armas y precursore­s. En el caso colombiano, de acuerdo a especialis­tas, por encima del 15 % de combatient­es de la FARC-EP se han negado a la desmoviliz­ación y a entregar las armas; y más bien han decidido continuar de narcotrafi­cantes o de bandas criminales, en el vecino departamen­to de Nariño.

Finalmente, recordemos también el gran ingreso de drogas como de la captura de alijos por la Policía Nacional, afectando a la narcoecono­mía.

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