Fiscales nombrados ‘a dedo’
Un informe de Contraloría detalló anomalías en siete concursos ❚ La Judicatura niega errores
“Cuando el río suena, piedras trae”, afirma el antiguo refrán, y en el caso del manejo de la justicia en el país, un informe de la Contraloría General del Estado podría verificar los rumores que seguían a los nombramientos de fiscales y otros funcionarios desde hace varios años; los concursos de selección estuvieron plagados de irregularidades.
EXPRESO tuvo acceso a un documento elaborado por la entidad y hecho público tras la solicitud de un acto administrativo aprobado por la Fiscalía del Guayas. Este analiza siete certámenes realizados entre 2010 y 2015 que sirvieron para seleccionar fiscales provinciales, asistentes de fiscalía, agentes de fiscalía y fiscales de Adolescentes Infractores.
El informe es claro; en los siete concursos revisados, nombramientos y cargos fueron otorgados a funcionarios que no obtuvieron los primeros puntajes, sino los segundos, terceros e incluso los quintos puestos.
Sucumbíos, Santa Elena, Cotopaxi, Guayas, Manabí; las anomalías se visibilizan en al menos diez provincias, donde un promedio de entre diez y sesenta funcionarios fueron seleccionados de esta manera en cada concurso.
El Consejo de la Judicatura, entidad administrativa responsable de la contratación del personal, defiende sus decisiones en el documento indicando que era la Fiscalía General del Estado la responsable de entregar los resultados de los concursos y los documentos de quienes iban a ingresar a los cargos. “Es responsabilidad de la Fiscalía remitir las listas del personal administrativo a ser nombrado…las listas debían ser veraces”, reitera la institución a través de varios funcionarios.
Para el asambleísta Esteban Bernal, quien ayer solicitó medidas cautelares para suspender el concurso de fiscales en curso (ver entrevista), la respuesta no deslinda a la entidad de responsabilidad alguna.
“Ellos tienen la responsabilidad administrativa de la selección, y ahí sí debían estar pendientes, no lavarse las manos”.
El documento también reitera que en las contrataciones se evidencia que ingresaron funcionarios que no constaban en el banco de elegibles (una “lista de espera” con postulantes que Ayer, en horas de la mañana, los asambleístas por CREO, César Carrión y Esteban Bernal, junto al abogado Hernán Ulloa interpusieron una medida cautelar en la Unidad Judicial Norte de Quito para suspender el concurso de fiscales, cuyas pruebas prácticas se encontraban en curso.
EL DETALLE
concursaron).
Pero quizás la acusación más grave es que en dos concursos, uno en 2012 y el otro en 2014, la puntuación mínima se redujo mientras estaban en curso, en lugar de ser declarados desiertos.
La reducción fue solicitada, en ambos casos, por la Fiscalía, aprobada por el entonces fiscal general Galo Chiriboga, y autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
Gustavo Jalkh, titular de esa entidad, negó que existieran irregularidades y defendió ciertas decisiones, entre ellas la reducción de puntos. “Se le explicó a la Contraloría que esto era beneficioso para que ingresaran más aspirantes a la Escuela Judicial”. Añadió que la entidad no había recibido el informe, que este repara en decisiones tomadas por la Fiscalía, ni la Judicatura y que el documento se hizo público por quienes “tienen mala intención”. Luego en horas de la tarde, este expresó en un comunicado que: “Los hechos hablarán por sí solos (...) obrando con seriedad, cada organismo actuará en el marco de sus competencias”.
La Contraloría estableció, en cambio, que el doumento fue remitido en 2016 y que de él se desprendieron “responsabilidades civiles por más de 3 millones 700 mil dólares y responsabilidades administrativas por más de 45 mil dólares y la destitución de 9 funcionarios”.