Otro aldabonazo a la Justicia
Oenegé denuncia un “patrón de intromisión abusiva” en el Gobierno de Correa ❚ Estados Unidos habla de “interferencia ilegal” ❚ La Judicatura se defiende
Dos nuevos informes, la misma conclusión: en el Gobierno de Rafael Correa hubo injerencia del poder político en la administración de justicia.
El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió, ayer, la “interferencia ilegal” de las autoridades en la familia, el hogar y la correspondencia, lo que tuvo su reflejo en “restricciones en la libertad de expresión”, especialmente en la prensa.
El informe valora positivamente la actuación del Gobierno de Lenín Moreno, que “mantuvo un control efectivo” sobre las fuerzas de seguridad y tomó medidas para investigar y juzgar a funcionarios que cometieron violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, de acuerdo con el documento, en casos de interés público, la “injerencia política” tuvo como resultado la impunidad de los acusados.
La organización internacional Human Rights Watch (HRW), complementó esa lectura. En la década bajo el mando de Correa existió, dice el documento, “un patrón de acciones gubernamentales orientadas a presionar o coaccionar al Poder Judicial en su manejo de casos importantes o con implicaciones políticas”.
La organización habló con 12 personas, un fiscal, un juez y 10 exjueces quienes contaron las amenazas y represalias que sufrieron en el último periodo. En el centro de las acusaciones está, otra vez, el Consejo de la Judicatura.
Tomás Alvear, director del organismo, volvió a negar las acusaciones. Según dijo a EXPRESO, todas las resoluciones de la Judicatura han sido apegadas a la ley y a sus atribuciones legales. “Hay poderes económicos detrás que están interesados en que este Consejo salga antes (...) podríamos estar siendo estorbo para alguien”, aseguró.
Según él, el informe de HRW es poco serio. El documento cuenta los casos de jueces que recibieron ‘visitas’ de funcionarios y asesores de la Judicatura para intentar inclinar una sentencia: serían, al menos, 20 casos. Cuenta como, antes, funcionarios del ministerio del Interior asistían a los juicios contra líderes indígenas para, posiblemente, “intimidar a los jueces”. El organismo también cuestiona la existencia del “error inexcusable” que, contrario a las normas del Derecho Internacional, ha permitido la destitución de jueces.
La organización lamenta que estas denuncias no hayan tenido eco en la Fiscalía. Ahora su esperanza está en el Consejo de Participación transitorio. Allí, además, hay otras 563 denuncias ciudadanas contra la Judicatura.
LA CIFRA 20 CAUSAS judiciales bajo sospecha de una supuesta injerencia del Gobierno de Rafael Correa. EL ACUSADO