La Fiscalía sigue más pistas por las coimas
El caso no termina en ocho sospechosos ❚ Las pesquisas continuarán la próxima semana
Unos 2.400 transportistas urbanos debían pagar 500 dólares para la red de corrupción en el Municipio de Quito. Con ese pago aseguraban estar entre los beneficiarios de los 3.000 dólares trimestrales como compensación para evitar el incremento de tarifas.
A ellos se sumaron los taxistas -unos 9.000- que habrían pagado entre cinco y ocho mil dólares por la regulación de sus unidades. En total, se habrían movido unos 80 millones de dólares, en los últimos cuatro años.
Al menos, esa es la sospecha que llevó a la Fiscalía a investigar, desde hace cuatro meses, a la supuesta red que involucra a dos concejales, cinco funcionarios de la secretaría de Movilidad y de la Empresa de Transporte de Pasajeros, y uno de la Cámara de Transporte. Los ediles Eddy Sánchez y Sergio Garnica fueron detenidos el jueves junto con Fausto Miranda, Xavier Vizuete, Rubén Lozano, Andrea Flores, Darío Tapia, Segundo Santamaría y Mónica Gordón.
Después de la audiencia, que se extendió hasta la madrugada, ellos recibieron medidas sustitutivas: utilizarán el dispositivo de localización electrónica y no podrán salir del país. Durante tres meses serán investigados por asociación ilícita, concusión y enriquecimiento privado no justificado.
La supuesta ilegalidad se habría registrado, al menos, desde hace cuatro años, dice Cristóbal Buendía, director del Observatorio de Movilidad, tras la ordenanza aprobada por el Concejo
EL DETALLE Detenidos. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló la noche del jueves, en Quito. Se extendió casi cinco horas hasta las 4 de la madrugada. Una solución era la regularización de los 13.000 taxis históricos. La decisión política final fue la asignación de cupos y este escenario se volvió susceptible para la corrupción.
Metropolitano para el pago de la compensación.
¿Cómo funcionaba la red? Según las primeras investigaciones, cada transportista entregaba a su operadora (hay 64) 500 dólares. Estas entregaban el dinero a Segundo Santamaría, de la Cámara de Transporte, quien trasladaba los recursos a funcionarios como Lozano y Flores. A través de ellos, supuestamente, llegaban hasta los secretarios de Movilidad, a su turno. El círculo se cerraba en los concejales. Al menos, eso se presume hasta ahora.
Buendía cree que en la red estarían involucradas, al menos, una decena de personas más que ya estarían bajo investigación de la Fiscalía.
Gracias a la información del sistema financiero se determinó que funcionarios con sueldos de 2.500 dólares manejaron cuentas con un millón de dólares y otros con saldos de 180.000 dólares.
El alcalde capitalino Mauricio Rodas anunció que apoyará las investigaciones de la Fiscalía. Mientras concejales como Daniela Chacón habló de la necesidad de crear un sistema antisobornos.