Salud en Colombia, de la mano con los jueces
Las aseguradoras retardan la atención al paciente con acciones de tutela ❚ Es el tema que más inquieta ante las presidenciales
Cuando le diagnosticaron leucemia, John Salamanca, en silla de ruedas, tuvo que buscar un juez antes que a un médico para no morir. Cientos de miles de pacientes deben seguir el mismo procedimiento en el sistema de salud de Colombia.
Valorada internacionalmente por su cobertura que abarca a 94 % de los 49 millones de habitantes, la salud es sin embargo la preocupación principal de los colombianos antes de la primera vuelta presidencial del domingo, según un sondeo. Ni la corrupción, ni el narcotráfico, todavía menos el futuro de la empantanada implementación del pacto de paz que selló el conflicto de medio siglo con las FARC, inquieta tanto.
EL DETALLE Monto. Colombia invierte 7,2 % del PIB en salud y protección social, mientras que el promedio en América Latina es de 4 %, pero el sistema tiene fallas.
El izquierdista Gustavo Petro plantea liquidar las EPS; el derechista Iván Duque quiere aumentar los controles y focalizar subsidios. Ambos son los más opcionados para medirse en una segunda vuelta.
Salamanca encarna esta insatisfacción colectiva. Sin un juez, “creo que estaría muerto”, dice este hombre de 38 años, sin hijos, que sobrevive como vendedor informal.
Gracias a un recurso de amparo (tutela) pudo seguir con su tratamiento de forma regular, aunque luego el instituto de cancerología suspendió la atención, alegando el fin del contrato con la aseguradora.
Una vez más acudió a la justicia. “Siempre me toca luchar para sobrevivir y recibir una atención digna”, lamenta en el pequeño cuarto que alquila en el sur de Bogotá. Un día de trámite es un día sin trabajo.
Hasta 2015 la justicia tramitaba al año 157.000 tutelas de salud, según la Defensoría del Pueblo, mientras la superintendencia que regula el sector recibe 1.300 quejas diarias.
Este es un sistema “excesivamente judicializado”, reconoce el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, pese a las reformas que han mejorado el acceso a fármacos y tratamientos.
Víctima de un linfoma del que se recupera, Gaviria le ganó el pulso a las poderosas farmacéuticas y logró abaratar los costos de los tratamientos mediante el ingreso de genéricos.
En 1993, Colombia adoptó un modelo semipúblico y solidario que le permitió ampliar cobertura a un costo relativamente bajo para el usuario, que destina alrededor del 15 % de sus gastos en salud. Antes, solo el 23,5 % de la población estaba cubierta y la salud era vista como un privilegio. Bajo el nuevo pacto, los más ricos financian a los más pobres.
¿Entonces qué falló? Todas las EPS (Entidades Promotoras de Salud privadas que intermedian entre los usuarios y las clínicas) empezaron a dar pérdidas, explica Jaime Arias, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, que agrupa a esas compañías.
Y las miradas apuntan una vez más a la justicia. Un fallo de 2005 obligó a las aseguradoras a financiar los procedimientos más costosos a cambio de un reembolso del 75 % del gasto. Las pérdidas hoy bordean los $ 2.800 millones, según Arias.
Detrás de los números rojos también hay corrupción. EPS que se confabulan con hospitales y falsos pacientes para facturar tratamientos inexistentes.
A sus 62 años, María del Rosario Charris busca atención para un cáncer de útero que ha contaminado cuatro órganos más, y espera que un juez resuelva su tutela y le dé esperanzas de vida. Su EPS dejó de atenderla tras prácticamente desahuciarla. En las enfermedades de alto costo se siente más la práctica.
Las EPS dilatan “la prestación del servicio, con trámites innecesarios”, y así ganan un tiempo precioso para la salud de sus finanzas. Pero eso obliga a los pacientes a “judicializar un derecho adquirido”, explica Nury Villalba, directora de la ONG Esperanza Viva. En teoría, una tutela debe ser fallada en diez días.
LA FRASE Creo que están esperando a que me muera para autorizar los cuidados. MARÍA DEL ROSARIO CHARRIS, 67 años, paciente de cáncer