El informe presidencial
En menos de hora y media el presidente Moreno dio cuenta de su trabajo durante el primer año de su mandato. Ante una gran concurrencia de invitados, entre ellos algunos antiguos que habían cambiado su disfraz, Moreno envió sus anhelos y deseos para el resto de su ejercicio presidencial, más que un informe. Destacó el diálogo sostenido con todas las fuerzas sociales y políticas del país, demostrando que hay un verdadero cambio de estilo que se contrapone al ejercido durante una década en las postulaciones repetidas de Rafael Correa. Los logros alcanzados en este año son significativos, pero no aclaró por qué no ha cumplido una de sus grandes promesas electorales: generar 250.000 empleos durante cada uno de los cuatro años que durará su mandato presidencial, olvido que sus enemigos podrían usar en su contra con la disposición que determina que la falta del cumplimiento de las promesas electorales puede dar lugar a revocatoria del mandato.
Pero hay otro olvido. El presidente habló de sobreprecios en las obras y dijo que de las 8 centrales eléctricas apenas 3 se hallan funcionando. Si se ha cometido peculado, por el sobreprecio en las obras, quien lo conocía tenía la obligación de denunciar esa realidad. Al no hacerlo podría convertirse en coautor del delito.
Y el sobreprecio no es lo único lamentable y corruptor ocurrido en los diez años que Correa mantuvo el poder. Hay muchos otros hechos que merecen su procesamiento y juzgamiento, y hasta ahora algunos de los autores de esos hechos indebidos no han sido sometidos a la justicia
Los logros alcanzados en este año son significativos, pero no aclaró por qué no ha cumplido una de sus grandes promesas electorales: generar 250.000 empleos...’.
ordinaria, salvo en un solo caso, el del secuestro de un adversario político en Bogotá; Correa ni siquiera ha sido llamado a declarar en calidad de testigo. El nuevo fiscal que sea elegido pronto tiene la obligación de llamar a quien ejerció la plenitud de los poderes durante 10 años, a rendir cuentas de sus mandatos.
Ha concluido el plazo que tiene la Asamblea Nacional para investigar y procesar con juicio político a quienes hubieran violado la ley. Ya no será posible enjuiciar políticamente a los funcionarios que ejercieron el poder junto a Correa; el plazo venció el 24 de mayo del presente año. Queda, entonces, la obligación ineludible del nuevo fiscal general para realizar las investigaciones y someter a los culpables a la justicia ordinaria en el país.