RAMIRO ROMÁN “Los jueces no deben eximir a nadie”

El jurista Ramiro Román considera que el pronunciamiento del fiscal general, Paúl Pérez, de que en el intento de secuestro del activista político, Fernando Balda, hubo un “crimen de Estado”, debe ser tomado en serio y dice que en el país ya hay antecedentes sólidos. − ¿Cuáles son los antecedentes de crímenes de Estado en el Ecuador? − De entrada, como antecedente está el caso de los hermanos Restrepo, en donde el Estado aceptó que se trataba de un crimen de Estado, también el de la profesora Consuelo Benavides. A partir de ahí hay todo un marco legal que rige para estos casos. Si el fiscal considera que hay un crimen de Estado, los jueces tienen que aceptar esta acusación. − Es decir, ¿los jueces son los que finalmente acogen o no esta acusación? − Independientemente de qué piensen, sí deberán revisar el marco legal, los tratados internacionales a los que está adherido Ecuador y las instituciones que se crearon para hacer frente a este tipo de crímenes a raíz del caso Restrepo. Tenemos como base la Comisión de la Verdad y la Defensoría del Pueblo, desde el Estado. Esto también está recogido en las constituciones de 1998 y 2008 y no creo que en este punto los jueces se pongan a pensar políticamente. − ¿Qué condiciones deben existir para que se catalogue un delito como crimen de Estado? − En el ámbito internacional el plagio, la detención clandestina con fines de inteligencia tiene una relación directa con violación a los derechos de las personas. No se puede atentar en contra del libre tránsito humano. Si a eso se suma la participación de funcionarios y agentes estatales, operando con fondos públicos, algo que parece que sucedió en este caso, entonces se configura el crimen de Estado. Insisto, el antecedente más claro que tenemos en Ecuador es el caso de los hermanos Restrepo. − ¿Hasta quiénes debería llegar esta investigación? − Por supuesto, a todos los involucrados. Este tipo de actos no pueden ser cometidos por voluntad del agente de a pie de la policía. Las órdenes en estas operaciones salen siempre desde las más altas esferas del poder del Gobierno de turno, que entonces era del expresidente Rafael Correa. − Al expresidente lo han querido involucrar, sin éxito, en varios procesos, ¿qué le hace pensar que esta vez será diferente? − Pasa que en este caso hay datos más concretos y funcionarios públicos bien identificados. Hay fondos públicos que fueron usados para cometer este acto irregular. Toda la acción no habría sido posible sin la intervención de personas de alto nivel del Gobierno, por eso los jueces no pueden eximir a nadie del proceso.