Frecuencias “no transparentes”

EDITORIAL

El gobierno anterior montó un sistema jurídico, político y normativo para hacer cambios en aquello que llamó “revolución ciudadana”. Pero una vez concluido su ejercicio han salido a la luz hechos que evidencian lo poco transparente de algunas de sus decisiones y actuaciones.

Ya se conocen -con pruebas- numerosos actos de ocultamiento y poca claridad en la gestión del régimen pasado, a pesar de que para disfrazarlos creó una serie de normativas que impedían a las autoridades de control llegar a las certezas que pudieran probar los procedimientos deshonestos. Así, el encubrimiento se dio en contratos, en endeudamiento público, en préstamos al IESS, incluso en el manejo de dineros del Banco Central. Son de conocimiento ciudadano los resultados de los exámenes de Contraloría de contratos y gastos onerosos que se hicieron en los medios públicos incautados. Ahí hubo una serie de acciones “raras” e inadecuadas que produjeron su quiebra.

Creíamos que eso era todo. Sin embargo, otro informe de Contraloría estableció que la concesión de frecuencias estuvo salpicada por hechos de corrupción y que también existen irregularidades que prueban su concentración en ciertos medios. La Contraloría se ha reservado los nombres de los principales representantes de los medios que llevaron adelante dicha concentración y solo los identifica como A, B y C. Además, en el informe se indica que muchas de las frecuencias fueron directamente otorgadas a determinadas personas y que son tres los grupos detectados que tuvieron un similar modo de operar a través de “relaciones

Es de esperar que las investigaciones continúen y salgan a la luz pública todos los nombres y grupos familiares que fueron beneficiados con esas nada transparentes concesiones de frecuencias. Es lo que exige el país’.

entre accionistas y socios, relaciones familiares y de dependencia. Incluso llegan a compartir los contadores, firmas autorizadas en las instituciones financieras y las mismas direcciones domiciliarias”.

Cabe recordar que precisamente ese gobierno de la “revolución ciudadana”, impuso, defendió y promovió la visión de la comunicación como un servicio público. Hoy se evidencia que tal idea escondía una concepción y un accionar nada correctos respecto al manejo ético, claro y honesto que se debía tener con esos medios. Es de esperar que las investigaciones continúen y salgan a la luz pública todos los nombres y grupos familiares que fueron beneficiados con esas nada transparentes concesiones de frecuencias. Es lo que exige el país, pues como ha dicho el presidente, la lucha contra la corrupción no debe detenerse.