MARCELO BODERO “Ningún inversionista va a esperar tanto por alianzas público-privadas”
− El plan económico ha generado muchas expectativas. ¿Atraerá nueva inversión o, más bien, favorecerá a los que ya están instalados en el país? − La parte de la norma sobre inversiones es bastante interesante pero creo que, como todo proyecto, puede ser perfectible. Puede profundizar más. Son las mismas reglas de juego potenciadas y mejoradas y eliminados ciertos trámites. Eso va a beneficiar tanto a la inversión nacional como a la extranjera. Ahora, para captar Inversión Extranjera Directa masivamente, sobre todo en sectores como el de la minería, hay que reformar esos cuerpos normativos. Esperemos que sea el inicio de una serie de reformas de mayor contenido, de mayor profundidad. Siendo una buena norma que da muchos incentivos, también deberíamos preguntarnos por qué no se generalizan. − ¿Cuál es el más atractivo? − Es clave que se haya eliminado la restricción de gozar de beneficios para la ciudad de Quito y Guayaquil, que no tenía una lógica. Si se quiere generar mayor desarrollo en zonas aledañas o zonas fronterizas, eso no implica que no deba fomentarse también en las ciudades principales del país, donde, de paso, están las vías, los puertos, la logística de ciudades consolidadas. Lo lógico, entonces, es dar más beneficios a aquellas zonas que uno considera deprimidas o de frontera. Imagínese lo que es exoneración del Impuesto a la Renta por 20 años a los sectores que generen procesos productivos en esa frontera. Eso genera mucho interés a los inversionistas para establecerse. Recuerde que en la frontera sur tenemos minería. − Y banano... − Sí, pero no está incluido en la norma. Yo haría esa sugerencia para incrementar los incentivos a ese sector. Ecuador es un país básicamente agrícola. La cadena agroforestal está entre los sectores priorizados, pero no están otras cadenas que son agrícolas o agroindustriales. Está la de alimentos. Pero la del banano no está o tendría que encontrar los beneficios de forma dispersa en la legislación. − Antes, firmando un contrato de inversión, también se obtenían exenciones de impuestos. Pero tenía limitantes... − El contrato de inversión sigue siendo el mismo, los montos también, lo que se está generando ahora es una automatización. El contrato de inversión se va a volver como una catapulta de otros beneficios, como la exoneración de aranceles, del Impuesto a la Salida de Divisas, etc., con un menor recargo en el tiempo. Porque van a ser, si no automáticos, de mucho más fácil acceso. Cosa que antes no sucedía: el contrato era un título habilitante para solicitar a terceros esos beneficios. − ¿Esta ley nos acerca a Perú o Colombia para atraer capital? − Nos acerca, pero falta trabajar. La inversión no se maneja exclusivamente por incentivos, sino por toda la legislación. Es de muy variable índole: laboral, que no se está tocando en la ley; ambiental, que tampoco corresponde tocar en este proyecto. Con el tiempo, se espera que sí. Así pues, nos estamos acercando a los otros países, sí, pero debemos entender que Ecuador es un país con lo que yo denomino una hipertrofia normativa. Existe una gran cantidad de normas que incluso se superponen. Eso no existe en otros países. − Tampoco se dice nada sobre el arbitraje y los tratados bilaterales de inversión suspendidos. − Yo espero que se aborde en el futuro. Es un tema clave. La inversión extranjera depende mucho de la seguridad jurídica en las controversias. Ecuador ha perdido como ha ganado. El Derecho es el Derecho. Si uno actúa bien, ganará. Si actúa mal, no. Pero el inversionista va a eludir ser juzgado bajo cortes que, a su saber y entender, pueden estar presionadas por el poder público. Estamos hablando de una diferencia entre Estado-privado en la que el inversionista, por muy capitalista que sea, siente que tiene las de perder. − ¿La remisión por multas de tránsito se puede considerar como un beneficio productivo? − Claramente, ese punto de tránsito no tiene un fin productivo sino de generar recursos fiscales. Es recaudatorio. − ¿Qué se ha mejorado en las alianzas público-privadas? No hay más de cinco proyectos... − Ha cambiado el panorama, pero aun así le falta potencia. Sobre todo con los sectores estratégicos que, salvo la energía hidroeléctrica y biomasa, estaban vedados y los servicios públicos que tenían una serie de trabas, por ejemplo el agua potable. Hoy la norma permite que estén sujetos a APP, sin discusión, pero hace falta un decreto presidencial. Ese decreto es un paso más en un proceso ya cargado. ¿Cuánto capital se requiere, por ejemplo, para poner el servicio público de agua potable y alcantarillado en Playas? No serán más de $ 20 o 30 millones de inversión. ¿Eso va a llegar al presidente de la República? Si se hace una línea de tiempo de lo que demora en tramitarse un APP, por ejemplo, para dotar de agua potable al cantón Playas o a El Triunfo, ningún inversionista va a esperar. Primero, hay que pasar por la estructuración del GAD, luego por la aprobación del Comité Interinstitucional y, en el ínterin, por la decisión del presidente. En todo ese tiempo, ya se perdió el interés y es innecesario que el presidente de la República tenga que aprobar proyectos de $ 10 o 20 millones. Debería haber un organismo único rector de las APP, con competencias suficientes para toda la gestión.
Lainversiónnose manejaporincentivos exclusivamente,sino portodalalegislación,como lalaboral,ambiental, losarbitrajes...