La administración de justicia

EDITORIAL

No es claro el texto constitucional en relación a la separación de las funciones del Estado. Y no es casual que así ocurra. El énfasis estuvo en destacar que “la Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública”. Con ello como argumento constitucional fue posible la intromisión del presidente en todas las otras funciones del Estado.

Durante momentos de gran exaltación a favor de un manejo totalitario se llegó a decir que lo planteado por Montesquieu, en cuanto a la división de poderes, resultaba obsoleto como precepto para gobernar en el presente siglo. Y lo de “meterle la mano a la justicia” no fue una crítica de la oposición sino una expresión ca- tegórica de la voluntad presidencial que, en efecto así actuó. Por supuesto, lo que antecede no constituye un juicio de valor determinado a negar la necesidad de mejorar la calidad de la administración de justicia en el Ecuador que, sin duda, requiere de jueces probos y capacitados debidamente.

Ahora que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ha destituido a los miembros del Consejo de la Judicatura, cabe consignar el avance logrado como una sanción por haber cedido la independencia de la administración de justicia a la voluntad presidencial durante el gobierno anterior.

Sin embargo, ello no garantiza la calidad de la administración de justicia, que dependerá del cuidado y transparencia que se ponga en la designación de los nuevos

Acaba de darse un gran paso hacia la independencia de la Función Judicial’.

vocales, a partir del respectivo concurso de méritos y oposición, sujeto a la veeduría e impugnación ciudadana.

Cuando comienza a evidenciarse el tradicional “palanqueo” destinado a influir en las designaciones, conviene recordar cuánto ha sufrido la ciudadanía en razón de la existencia de una administración de justicia sometida a la voluntad del mandatario en turno y sujeta a los compromisos derivados de las gestiones cumplidas por los partidos políticos.

Conociendo que de la correcta administración de la justicia dependen la libertad y la honra de los ciudadanos, es imperativo garantizar que quienes deban procurar que así ocurra, sean juristas decididos a velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial, condiciones de las que todavía no disfrutamos.