Pacientes ruegan por medicinas
los principios democráticos.
“En nombre del presidente Trump, pido a la comunidad de naciones libres, de todo este Nuevo Mundo, que expulsen a la dictadura de Maduro de la Organización de Estados Americanos. La OEA debe representar la libertad. Y ahora es el momento”, dijo el vicepresidente Mike Pence, durante una recepción con “naciones afines” el lunes en la Casa Blanca.
Pence, quien hace un mes pidió lo mismo al visitar la sede de la OEA, dijo que los países que se sumen a esta iniciativa, “demostrarán su compromiso de forjar vínculos más fuertes con Estados Unidos”, y mencionó posibilidades de cooperación en inversiones financieras, de energía, infraestructura y seguridad.
De aprobarse esta resolución de 10 puntos, que además de facilitar el “restablecimiento del orden democrático” busca atender la crisis humanitaria en Venezuela -donde escasean productos básicos- la suspensión no sería inmediata.
Para suspender a un Estado miembro de la OEA se debe tener dos tercios de los votos afirmativos en una asamblea general extraordinaria, cuya convocatoria también requiere 24 votos. La suspensión, de concretarse, podría ser solamente simbólica, puesto que en abril de 2017 Venezuela solicitó su salida de la OEA, un proceso que se concreta en dos años.
Venezuela es el primer miembro del organismo regional en pedir el retiro voluntario de la organización en 70 años de existencia. Ni siquiera lo pidió Cuba, a pesar de que su membresía estuvo suspendida entre 1962 y 2009.
El consejo permanente de la OEA declaró en abril de 2017 que en Venezuela se había producido un quiebre inconstitucional, pero después fracasó en pronunciarse sobre el tema en su asamblea anual en Cancún.
También se espera que el organismo se pronuncie sobre Nicaragua, donde protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega desde el 18 de abril dejan más de un centenar de muertos en medio de fuerte represión de la fuerza pública y grupos armados afines.
Un proyecto de declaración “de apoyo al pueblo de Nicaragua” fue presentado por Estados Unidos y por el propio Gobierno nicaragüense, para sorpresa de grupos de derechos humanos.