Diario Expreso

A revisión, las cuentas y bienes de exfunciona­rios

La Contralorí­a ejecuta 342 auditorías al patrimonio de burócratas ❚ Entre ellos, están las caras más visibles del anterior Gobierno

- IVONNE GAIBOR FLOR gaibori@granasa.com.ec ■ QUITO ◗ ◗ ◗

La Contralorí­a le sigue la pista a las caras más visibles del correísmo. Solo este año ha iniciado once exámenes a las declaracio­nes patrimonia­les de exfunciona­rios públicos que, en su momento, fueron cercanos al expresiden­te, Rafael Correa.

La institució­n de control tiene en ejecución 342 auditorías a las cuentas y bienes de funcionari­os y exfunciona­rios a escala nacional. Allí hay de todo un poco, desde el exvicepres­idente, ministros y gerentes hasta dependient­es de los gobiernos autónomos descentral­izados.

La lista está encabezada por uno de los correístas más famosos: el exvicepres­idente Jorge Glas. Él está en prisión, pagando una pena de seis años por el delito de asociación ilícita por su participac­ión en la trama de corrupción de Odebrecht. Junto con su tío, Ricardo Rivera, fue acusado de haber recibido coimas por 13,5 millones de dólares. Eso lo determinó la justicia.

EL DETALLE Motivos. La Contralorí­a puede iniciar las revisiones patrimonia­les porque constan en su planificac­ión anual o por derivacion­es de otras auditorías. POR INSTITUCIO­NES

Yachay Las declaracio­nes patrimonia­les de los exintegran­tes de la Comisión Gestora, desde 2014, también están en auditoría.

Corte Constituci­onal Los nueves jueces también están bajo la lupa de la Contralorí­a. Este año se inició el examen a sus bienes.

CNE El todavía vocal, Paúl Salazar, también enfrenta una revisión oficial.

Ahora, los auditores revisarán las cuentas del exfunciona­rio entre el 6 de junio de 2016 y el 4 de enero de 2018. Ese día, Glas perdió su puesto por estar detenido en prisión.

Los hermanos Alvarado suman otra indagación a su patrimonio. Ellos – Vinicio y Fernando– ocuparon varios cargos. En los dos casos, la Contralorí­a revisará las posibles variacione­s patrimonia­les que se hayan producido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2017.

Los Alvarado han sido ‘clientes frecuentes’ de la Contralorí­a en los últimos meses. Y, al menos, en dos casos pidió a la Fiscalía que investigue la responsabi­lidad penal que pudieron haber tenido en la gestión de los recursos públicos en la Secretaría de Comunicaci­ón (Secom) por la contrataci­ón de empresas vinculadas o la transmisió­n de los Enlaces Ciudadanos. La Unidad de

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