Más voces contra la comunicación como servicio público
La CIDH respondió a una consulta hecha desde el Ejecutivo
Era el elemento que faltaba para modificar el marco legal ecuatoriano. La Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) respondió a la consulta del Estado ecuatoriano sobre si la comunicación es un servicio público o no, como consta en la Constitución.
La respuesta del organismo es tajante: “La libertad de expresión, que incluye a la comunicación, no puede ser considerada un servicio público y los medios de comunicación tampoco pueden ser considerados prestadores de un servicio público”, dijo ayer Edison Lanza, relator para la libertad de expresión del organismo. Él está desde ayer en Ecuador y estuvo en la Asamblea para aportar en el debate para reformar la Ley de Comunicación.
Según dijo, la respuesta oficial En la edición del día de ayer, en la nota titulada ‘A revisión, las cuentas y bienes de exfuncionarios’, se mencionó por error al asambleísta Esteban Bernal como uno de los funcionarios cuyo patrimonio es auditado por la Contraloría. Lo correcto era nombrar al legislador Esteban Albornoz, de las filas de Alianza PAIS. Ofrecemos disculpas al legislador Bernal y a los lectores por la confusión. a la consulta del Gobierno se envió el martes de la Cancillería. Ayer se entregó al Legislativo.
Según el especialista internacional, considerar a la comunicación como un servicio público – como lo estableció una mayoría de Alianza PAIS en la Asamblea, en diciembre de 2015–
FÉ DE ERRATAS LA FRASE Es evidente que hay un compromiso del Gobierno actual con los organismos de derechos humanos.
“permitiría que el Estado, una autoridad que nombre el presidente o quien sea, determine cómo se presta ese servicio”. Él cree que lo correcto es suprimir ese concepto del marco legal.
Una misión de la CIDH tiene previsto visitar Ecuador, entre el 20 y el 24 de mayo, para evaluar la situación de la libertad de expresión. La semana pasada, el organismo se congratuló por la invitación que recibió del Gobierno: en la década pasada, la relación del expresidente Rafael Correa fue, poco menos, que agresiva. Lanza adelantó que se analizará, entre otras cosas, “las herencias, porque las afectaciones que hubo han tenido un efecto en el ejercicio de la libertad de expresión, en el periodismo y en los medios que hay que evaluar y, eventualmente, habrá que reparar de algún modo”, dijo.