La tendencia a juzgar, condenar e irrespetar
Transcurrían los últimos años del siglo pasado cuando el Consejo de la Judicatura inició el ejercicio de sus funciones, asumiendo la administración del órgano judicial y , sustancialmente, el control disciplinario y ético de sus miembros . Fue una tarea muy ardua, matizada con encuentros y encontrones con quienes se resistían a dejar de ejercer tales atribuciones y rechazaban limitarse a la noble tarea de administrar justicia . Nos resultaba intolerable ver desfilar por los pasillos judiciales a jueces sumisos portando bajo el brazo los expedientes que daban fe de una inadmisible sujeción a los dictados de sus superiores. Con indeclinable entusiasmo recorrimos los Vocales del Consejo el país entero, instruyendo y sembrando en los jueces inferiores la noción plena de su autonomía e independencia que la Constitución les reconocía para el ejercicio de su función jurisdiccional y con cuánto énfasis ,junto a Ricardo Vaca Andrade y Enrique Tamaríz, brindamos el respaldo de nuestra novel institución para garantizar esa preciada cuanto dignificante independencia. Las perspectivas eran halagadoras tras culminar nuestro período, pero Correa apareció en escena y con él, la absorción de todos los poderes del Estado en sus violentas manos. Al poco tiempo de asumir el poder, cualquier opinión vertida por él presidente se transformaba de inmediato en sentencia judicial, bastando una alusión despectiva o menospreciante para que sus opositores resulten judicializados y condenados La confesada metedura de mano en la Justicia devino práctica ordinaria, la administración de justicia se corrompió por la desvergonzada domesticidad de una buena parte de los llamados a ser incorruptibles. De todo esto se aprovecharon funcionarios públicos para hacer de las suyas tras el escudo de una revolución imaginaria y configurar la más grotesca corrupción que el país recuerde. La impunidad les acompañó y buena parte de esa responsabilidad es imputable a la complacencia con que actuaron los juzgadores.
El sistema pesquisidor puesto en vigencia por la revolución ciudadana, debía nutrirse de las conocidas y más comunes tendencias que al interior de una sociedad atemorizada y desprovista de cultura política suele observarse : las de denunciar y juzgar a priori, contando con una Función Judicial controlada y sujeta a las veleidades de un dictador. Fueron tendencias que proliferaron a pesar de sus errores y que respondían al afán de exhibir pureza, aseo moral e inocencia, razones por las que convenía denunciar y juzgar como culpables a los demás. Fue la tónica de toda una década que luego explotó poniendo al desnudo una corrupción sin precedentes. Quienes hoy la combaten se han hecho acreedores de nuestro reconocimiento.
Se requiere cuanto antes la despolitización de la justicia y que, por el contrario, se judicialice a los políticos corruptos. En ello debe enfrascarse el Consejo de la Judicatura. La independencia de los jueces no debe ser vulnerada ni aún cuando se arguya haber actuado bajo el amparo de la ley. Para corregir cualquier torpeza del juez inferior están las instancias procesales. Respetar estos principios fundamentales afianzan la credibilidad de una Función maltrecha y de cuya recuperación depende la seguridad jurídica y la confiabilidad de todo un país.
La impunidad les acompañó y buena parte de esa responsabilidad es imputable a la complacencia con que actuaron los juzgadores”