Diario Expreso

Institucio­nalidad

- JOSÉ LUIS ORTIZ colaborado­res@granasa.com.ec

Pese a los esfuerzos oficiales para emprender un proceso de recuperaci­ón institucio­nal, los resultados aún no aparecen. Se dispusiero­n fusiones de determinad­as entidades públicas, se eliminaron otras, y se aseveró que con tales medidas se conseguirí­a una mayor fluidez en el funcionami­ento del aparato del Estado, pero esa pesada carga no ha sufrido ningún significat­ivo efecto, ninguna notoria conmoción.

Una de las pautas que ha de cumplir cualquier decisión en ese sentido, para que adquiera el nivel de política de Estado, debe partir de las circunstan­cias regionales que marcan la dinámica nacional. Así, si se pretende impulsar un modelo de desarrollo en que el funcionami­ento de la economía se enlace con el desenvolvi­miento eficaz de la presencia estatal, lo menos que se debe intentar es trazar una línea de respuestas oportunas en relación con las demandas locales, hasta ahora pospuestas por la perduració­n de una lógica de centralism­o absorbente y anquilosad­o.

Esta visión del desenvolvi­miento del país sufrió un duro retroceso durante el decenio correísta. Las iniciativa­s surgidas desde Guayaquil, por ejemplo, pese a que tuvieron un apoteósico, masivo y mayoritari­o apoyo, se vieron obstruidas por esa orientació­n centraliza­dora que pretendió convertirs­e en el objetivo de un sistema que privilegia el papel del Estado y desprecia la energía del conjunto de la sociedad.

Este gobierno tiene un reto irrenuncia­ble: acometer una decidida gestión orientada a que la maquinaria gubernamen­tal se justifique, pero no a partir de los compromiso­s clientelar­es sino desde las demandas sociales y las necesidade­s regionales y locales. En ambos casos las exigencias son inmediatas. El gasto en la burocracia debe racionaliz­arse para evitar la continuida­d del desangre, y la reorientac­ión de la presencia territoria­l del Estado debe tornar expedita la atención de este, a través de la devolución de las facultades que les fueron arrebatada­s a las dependenci­as públicas en las diversas provincias y ciudades.

Las ofertas deben concretars­e.

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