Gabela: el perito ya puede entregar el tercer informe
El presidente Lenín Moreno autorizó que se levante el sigilo del contrato ❚ Roberto Meza Niella investigó el crimen del general
El misterio que rodea el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela parece acercarse a su fin.
Las interrogantes sobre el contenido del tercer producto o informe final con los nombres de los responsables del crimen ya podrán ser despejadas por el perito Roberto Meza Niella.
Lo autorizó ayer el presidente Lenín Moreno. El mandatario dispuso al Ministerio de Justicia “que levante la confidencialidad sobre el contrato suscrito con el perito Roberto Meza, como aporte a la investigación del asesinato del general Gabela”.
LA CIFRA 8 AÑOS del asesinato de Jorge Gabela se cumplirán el próximo mes de diciembre.
De inmediato la ministra Rosana Alvarado envió un oficio al experto argentino. Le dijo que el Gobierno de Moreno está resuelto a transparentar los hechos y las circunstancias del deceso.
El experto fue contratado en 2013 para identificar e investigar las circunstancias que rodearon el crimen ocurrido en diciembre de 2010. Patricia Ochoa, viuda de Gabela, ha insistido que las denuncias de irregularidades en la compra de los helicópteros Dhruv que se hizo en el gobierno de Rafael Correa fue una de las causas.
Desde el oficialismo se adjudicó el crimen a la delincuencia común. Las conclusiones de la investigación fueron distintas y, según el perito, alteradas del informe final que desapareció del archivo de la Presidencia.
La Fiscalía abrió una investigación previa para determinar qué ocurrió con el documento. El propio perito fue uno de los que dio versión. Argumentó que una cláusula de confidencialidad le impedía detallar el contenido. Además dijo que no guardó copia del documento.
Con la disposición presidencial la ministra pidió al experto que todos los insumos, documentos, productos e informes recabados y elaborados dentro del contrato “deberán ser puestos de manera íntegra e inmediata a disposición de las autoridades judiciales o estatales competentes”.