Justicia: independiente o con legitimidad
EDITORIAL
La independencia judicial se ha erigido en Ecuador, gobierno tras gobierno, como un hito con el que bañar de legitimidad las resoluciones de una justicia históricamente instrumentalizada. Los episodios pasados, forjados desde todas las tendencias políticas, han perpetuado la idea de que las decisiones de jueces y altos tribunales responden en última instancia a intereses distintos al del rigor legal. Se ha generado así un bucle de cuestionamientos, seguidos de reformas judiciales con buenas intenciones que terminan por frustrarse, con más o menos dolo político y legislativo, y que reinician el ciclo.
La injerencia en la justicia ha tomado el rostro, en la coyuntura actual, de un Consejo de la Judicatura destituido por el descrédito de los frecuentes errores inexcusables de sus tutelados, o de una Corte Constitucional que ahora se desdice de sus decisiones pasadas más trascendentes, recurriendo a argumentos de forma, frente a los de fondo, como vía de escape. Pero el legado de frustración tiene larga data.
Solo en la historia más reciente se recuerda que Ecuador hizo un primer intento en 1974 de organización meramente estructural en el sistema judicial; dos décadas después, una nueva reforma incorporó consideraciones de disciplina y carrera judicial a quienes la ejercían, con apoyo del BID y del Banco Mundial. Y en 2004, como preludio de lo que pasaría en la revolución ciudadana, la Corte Suprema fue cesada por una mayoría de diputados afín al presidente y, un año después, restituida por el vicepresidente, cuando el primer mandatario fue depuesto. Un vaivén que desencadenó una sentencia en contra del Estado ecuatoriano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014.
En la opinión pública reposan residuos de descrédito sobre la forma en que se administra justicia. Nada cambiará con reformas sobre la forma de elegir o profesionalizar a los jueces, si no hay voluntad verdadera de no injerencia.
Tantos intentos de reorganización, transformación y reforma del sistema judicial han sido instrumentalizados por cada gobierno para justificar una renovación, a base de capas de pretendida independencia, de la gestión de la justicia con el fin de dotarla de credibilidad. Pero la inseminación artificial del Poder Ejecutivo o del Legislativo en la estructuración judicial y en la producción de normas ambiguas ha contribuido a generar el efecto contrario. Y la estrategia de la participación ciudadana ha dado los mismos resultados. En la opinión pública reposan, y no han dejado de hacerlo, residuos de descrédito sobre la forma en que se administra justicia en el país.
Nada cambiará si la promesa de no interferir en el sistema se limita a reformar los requisitos para elegir o profesionalizar a los jueces, pero no se impone una verdadera voluntad de no injerencia.