El ‘hombre fuerte’ del correísmo debe usar un grillete electrónico
Su abogado cuestionó que la Fiscalía lo retuviera seis horas después de dar su versión ❚ Fernando Alvarado tiene cinco investigaciones previas en marcha
Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación de Rafael Correa, debía regresar hoy a Ghana, el país africano en el que dijo que trabajaba para una empresa que le ofrecía estabilidad laboral hasta finales de año. Esa aspiración, expresada en una comunicación que ingresó el lunes a la Fiscalía, se estrelló pasadas las 14:30 con las tres medidas cautelares dictadas por la jueza de la Corte Nacional Sylvia Sánchez.
Ocurrió a la medianoche del miércoles y la madrugada de ayer en la audiencia de formulación de cargos por peculado que dirigió la jueza Sylvia Sánchez por pedido de la fiscal subrogante Ruth Palacios.
EL DETALLE Justificación. El asunto urgente que tenía que cumplir en Ecuador Fernando Alvarado era visitar a su familia y dar la versión, aseguró su abogado.
Fue una jornada larga para Alvarado que inició a las 09:00 en Manta, Manabí, cuando fue abordado por la Fiscalía y la Policía, que ejecutaron una orden de la Fiscalía para que se presente a dar versión en Quito.
El exfuncionario había desoído citaciones anteriores. Al acoger la instrucción fiscal que durará 90 días, la jueza prohibió que Alvarado se ausente del país. Y con esa disposición su trabajo en Ghana quedó en el aire.
Frente a esa realidad, su abogado Fausto Jarrín dice que a su cliente le tocará buscar una actividad laboral en el Ecuador relacionada con lo que él sabe hacer: la comunicación.
Aunque no podrá salir del país, tiene permitido desplazarse por todo el Ecuador con el dispositivo electrónico que le fue colocado la madrugada de ayer. Eso sí, deberá presentarse cada 15 días, desde el viernes 24 de agosto, ante el presidente de la Corte de Guayas.
Alvarado no esperaba ni formulación de cargos ni medidas cautelares. Por la mañana estuvo optimista. Cuando circularon las noticias de su aprehensión, desmintió esas voces. Comentó que iba a la Fiscalía por sus propios medios y en un vehículo que conducía su esposa. Pero ya en la capital descendió de un automotor del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que lo había custodiado en las casi ocho horas que duró el desplazamiento.
La opción de solicitar la revisión de medidas está en evaluación, pero Jarrín no cree que sea el momento procesal oportuno. En los 90 días espera desvanecer las acusaciones.
¿Cuál es la sospecha? Un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal que establece la existencia de contratos irregulares que tienen que ver con los enlaces ciudadanos, que habrían ocasionado un perjuicio al Estado de alrededor de 250 mil dólares, cuando Alvarado dirigía la Secom.
Se cuestionó el contrato de un bachiller que no cumplía los requisitos mínimos para la preproducción y montaje de enlaces ciudadanos.
Otra anomalía habría sido la contratación de la productora Gota Azul de Carlos Bravo, hermano de Marco Bravo, que en esa época ejercía el cargo de subsecretario de Medios de la Secom, para la realización de documentales, cadenas, reportajes.
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