Unidos en busca de justicia
Los procesados por el 30S crearon una comisión con la Judicatura para que se revisen sus casos ❚ Los jueces y fiscales que actuaron serán examinados
Son maestros, trabajadores de la salud, expolicías, jubilados, dirigentes estudiantiles, conductores, entre otros. Hace diez años cumplían sus actividades sin conocerse entre sí; pero hoy están unidos por un mismo objetivo: que se reconozca la injerencia judicial que hubo en el anterior Gobierno y que terminó criminalizándolos. Algunos terminaron en la cárcel.
Todos, agrupados en la Plataforma de Derechos Humanos (PDH), acudieron la mañana de ayer a la Corte Provincial de Justicia del Guayas, donde se reunieron con autoridades judiciales y del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), encabezado por la vocal Sobeida Aragundi. ¿La finalidad? Crear una comisión que se encargue de revisar y hacer seguimiento a todos los procesos penales que se abrieron en contra de quienes “pensaban distinto”, y con ello, examinar la actuación de los jueces y fiscales que conocieron esos casos, en Guayaquil.
“Hemos venido conversando con algunos sectores que han sido afectados durante estos diez años de persecución política del expresidente Rafael Correa”, expuso Javier Rojas García, director provincial de la PDH. En ese sentido, agregó, “pedimos que, por parte del Consejo de la Judicatura, se reconozca esa injerencia que ha existido a aquellos compañeros que, en un momento dado acudieron a la justicia, les negaron las acciones... se archivaron y se desecharon los juicios contenciosos administrativos y de igual manera se utilizó el ámbito penal para perseguir a aquellos compañeros que pensaban diferente...”.
Él se identifica como uno de ellos. En marzo de 2010 fue detenido junto con otros estudiantes universitarios, durante una jornada de protestas que se desarrolló en aquel entonces, para pedir la liberación del presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE).
Diagonal a él se sentó Francisco Sampedro, el conductor que fue detenido y procesado por transportar un monigote en forma de borrego. “Fue mi compañero de pabellón en la penitenciaría”, lo reconoció Rojas, quien asegura que fue encarcelado “por el único pecado de pensar diferente al régimen de Rafael Correa”.
Siete de los representantes de las organizaciones sociales que acudieron a la cita expusieron sus casos, ya sea personal o gremial. Casos que son conocidos de sobra por la vocal Sobeida Aragundi, quien recordó la defensa que ejerció a un grupo de policías procesados, en Guayaquil, por la revuelta registrada el 30 de septiembre de 2010, más tarde conocida como 30S. Para ella, uno de los principales objetivos del actual Consejo es justamente “transformar el sistema judicial y reivindicar a las víctimas del oprobio, de la opresión, de la persecución que hicieron, utilizando al sistema judicial...”.
Pero, antes de que se le acuse de alguna injerencia, aclara que la ley los faculta para tomar ciertas medidas y precauciones de control y de vigilancia, sin que haya injerencia en las actividades jurisdiccionales ‘de aquellos jueces que tienen una conducta adecuada a sus funciones’. “La lucha contra la corrupción para nosotros es imparable y no vamos a parar, pase lo que pase, y se indigne quien se indigne”, sostuvo.
A medio metro, Mery Zamora, expresidenta de la desaparecida Unión Nacional de Educadores (UNE), asentaba con la cabeza las expresiones de la vocal.
Llegó a la reunión con sentimientos encontrados, por el viacrucis que atravesó y que aún continúa tras ser apresada por la jornada del 30S.
Aunque el 27 de mayo de 2014 logró una sentencia absolutoria, desde hace tres años no ve ejecutarse el fallo, por una acción extraordinaria de protección que presentó en aquel entonces el fiscal general Galo Chiriboga.
A corta distancia yacía atento el coronel Joel Loaiza, exjefe del Comando de la Policía en Guayas. También fue procesado por el 30S. “Se vulneraron todos los derechos a todos”, mencionó.
Su juicio está por segunda ocasión en casación, a la espera de una resolución final y de la prescripción de la causa. Pero más allá de la situación judicial que atravesó, recuerda el sufrimiento familiar en el hogar que se vivió en forma de cascada: madre, padre, esposa, hijos. “En mi caso, mi esposa estaba muy grave por un cáncer que se fue agravando. Eso es irreparable”.
VOCES El objetivo es claro, llegar a coordinar con el Consejo de la Judicatura, para que se reconozca la injerencia judicial que existió por el régimen de Rafael Correa, que dio resultados nefastos y lamentables...