¿Crimen sin castigo?
El asesinato del general Jorge Gabela es uno de los casos en que se trató de esconder la responsabilidad del gobierno anterior. Correa dijo que él no había leído el denominado Tercer Producto del informe elaborado por el perito argentino Roberto Meza, manifestando sin vergüenza que “…un presidente no tiene el tiempo para leer 200 páginas…”, como si se tratara de un documento cualquiera, de un resumen institucional, o de una reseña de la presencia de las autoridades en las efemérides de cualquier pueblo.
Poniendo atención a la frase del exmandatario se puede deducir: 1.- el elemental intento de no darle mayor importancia al hecho, y adherirse al libreto oficial que lo calificó como crimen por parte de la delincuencia común, y en consecuencia sin mérito alguno para que el presidente le otorgara parte de su “valioso tiempo”; 2.- la seguridad de que las cosas estaban controladas con la pérdida de ese “producto” y la imposibilidad de recuperarlo dado el carácter confidencial del contrato con ese especialista, y 3.- la certeza de que los integrantes del Comité Interinstitucional armado por el Ejecutivo anterior, declararían, cuando fueran inquiridos, de manera uniforme, con las mismas expresiones y coincidiendo en sostener que “no se acordaban de nada”.
Lo que Correa no pensó fue que, ya sin su control totalitario sobre todas las funciones y entidades del Estado, y con la llegada de un nuevo titular a Carondelet, iban a recuperar actualidad e importancia varias situaciones críticas, entre las cuales esta, gracias a la decisión presidencial, a la acción legislativa y a la insistencia de la valiente esposa del general desaparecido, se asumiría como una de las más significativas y desencadenantes de la indignación ciudadana y de la irrenunciable tarea de encontrar culpables.
En esa línea, el papel de la Veeduría Ciudadana, conformada por el Consejo de Participación e integrada por el coronel Mario Pazmiño y un valioso grupo de expertos, es crucial para cumplir el objetivo de castigar a los criminales.