¿Fuegos artificiales?
EDITORIAL
Durante la década infame que hasta hace ya quince meses vivió el Ecuador, sus ciudadanos llegaron al hastío con la cansina repetición de los denuestos contra la “oscura noche neoliberal”, concebida como causante de todos los males que aún afectan a la República.
Tanto se insistió con esa muletilla que no han faltado quienes se han sentido obligados a contradecir, ahora, no la falta de luz de ese tenebroso período, pero sí su condición neoliberal. Pareciera, y por ello conviene advertirlo a tiempo, que estamos en riesgo de repetir el fenómeno, con los perjuicios correspondientes.
En efecto, duro contradictor de un régimen del que fue parte, el actual gobierno no cesa en su insistencia respecto a que la me- sa no quedó servida y a que la corrupción heredada es espeluznante. Sin negar que lo señalado tiene un sustento que cada día se afirma en nuevas pruebas, ni las medidas para recuperar la economía, ni la cirugía mayor prometida como imperativa tienen todavía cumplida realización.
Preocupa además a la opinión nacional que menos se hace para detectar y sancionar a la corrupción que puede haberse dado durante los meses de ejercicio del actual periodo gubernamental.
Subsisten con amplitud los comentarios, cada vez en tono más alto, de que la mala costumbre de establecer cotos y cuotas de poder se mantiene, señalando que en dichos espacios persiste la venta de empleos públicos.
Asimismo, subsisten en funciones públicas inculpados en
Todo gobierno debe tener el cuidado de que sus palabras guarden relación con sus actos’.
negociados como los generados por el caso Caminosca.
Es vital al respecto que la Contraloría cumpla su rol en verificar si lo señalado tiene sustento u obedece al mal hábito de desacreditar a los potenciales contrincantes dado la lid electoral que se avecina.
Por otra parte, a propósito de candidaturas, es decepcionante observar el incumplimiento de sus obligaciones tributarias por parte de los aspirantes a ejercer cargos de elección popular. Muchos de ellos llevan múltiples años sin pagar su impuesto a la renta y sin realizar declaraciones respecto a su patrimonio.
Es de esperar que las autoridades a quienes le compete hacerlo, tomen cartas en el asunto. De otro modo, y por lo señalado, la lucha anticorrupción pierde todo sentido.